Condenan a una mujer por intrusismo profesional en podología en Tenerife
El Juzgado de lo Penal número 1 de Santa Cruz de Tenerife ha condenado a una mujer por un delito de intrusismo profesional al ejercer la podología sin la titulación ni la colegiación requeridas.
La seguridad del paciente y el rigor en el ejercicio de las profesiones sanitarias han vuelto a situarse en el centro del debate jurídico tras una reciente resolución judicial en Canarias. Tal y como ha dado a conocer el Colegio Oficial de Podólogos de Canarias, el Juzgado de lo Penal Número 1 de Santa Cruz de Tenerife ha dictado una sentencia condenatoria contra una mujer por un delito de intrusismo profesional, al constatar que prestaba servicios de podología sin contar con la titulación académica exigida ni la preceptiva colegiación.
El fallo judicial, que aún admite recurso, impone a la encausada una pena de 20 meses de multa, con una cuota diaria de seis euros. La magistrada ha considerado probado que la mujer operaba en diversas farmacias de la isla, donde realizaba diagnósticos sobre patologías del pie, prescribía tratamientos ortoprotésicos y evaluaba alteraciones biomecánicas. Para estas intervenciones, la condenada empleaba instrumental clínico —incluyendo bisturís y micromotores—, además de emitir facturas y justificantes bajo el epígrafe de «consulta de podología», induciendo a error a los usuarios sobre su cualificación técnica.
Este caso pone de manifiesto la persistencia de riesgos en el ámbito de la salud pública cuando se eluden los controles de acceso a las profesiones reguladas. Según los hechos acreditados, la actividad ilícita se prolongó a pesar de que la entidad colegial había advertido formalmente a la mujer sobre la irregularidad de su situación desde el año 2018. La falta de respuesta a estos requerimientos previos fue el detonante para que, en noviembre de 2021, el Colegio presentara una querella respaldada por un acervo probatorio que incluía testimonios, grabaciones y documentación técnica.
Desde la perspectiva de la salud pública, la sentencia subraya la importancia de la colegiación obligatoria, un mecanismo diseñado no solo para garantizar la competencia técnica del profesional, sino también para asegurar que los pacientes sean tratados bajo los estándares de seguridad y responsabilidad civil que exige la normativa sanitaria española. La resolución judicial es interpretada por el sector como un respaldo a la protección del usuario frente a prácticas que, al carecer de la formación reglada, comprometen la integridad física y el correcto diagnóstico de las dolencias podológicas.