El plan de ajuste presupuestario en Vilaflor de Chasna reabre la confrontación política entre gobierno y oposición
La publicación de las directrices presupuestarias 2026-2027 en Vilaflor de Chasna ha desatado un enfrentamiento político entre el gobierno local y Coalición Canaria, que discrepan sobre la gravedad de un desajuste contable y la gestión económica del municipio.
La reciente publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de las directrices presupuestarias para el bienio 2026-2027 en Vilaflor de Chasna ha puesto de manifiesto la fragilidad de la estabilidad financiera municipal, reabriendo una brecha política que anticipa la intensidad del próximo ciclo electoral. El documento, que detalla la ejecución del Plan Económico-Financiero, ha servido de catalizador para un enfrentamiento directo entre el equipo de gobierno socialista y la oposición de Coalición Canaria.
Desde la perspectiva de la gestión municipal, el Ejecutivo local sostiene que la activación de este mecanismo de reequilibrio no responde a una crisis de solvencia, sino a una exigencia técnica derivada de la normativa estatal. Según los datos aportados por el Consistorio, el desajuste contable se cifra en 20.000 euros, una cuantía que consideran marginal frente a un remanente de tesorería que asciende a 795.000 euros. El gobierno local vincula esta situación al retorno de la regla de gasto, que obliga a computar como gasto las inversiones financiadas mediante subvenciones externas. En este sentido, el Ayuntamiento subraya que proyectos estratégicos —como el depósito del Salguero II, el aparcamiento municipal y la estación de bombeo Angola-Boca Cascajos— dependen de transferencias finalistas, donde la aportación municipal se limita a una horquilla de entre el 10% y el 20% del coste total.
Por su parte, Coalición Canaria ha interpretado este documento como una evidencia de una gestión deficiente. Jesús Quijada, portavoz de la formación nacionalista, ha calificado la medida como una intervención económica encubierta y ha recordado que es la segunda vez en ocho años que el municipio se ve obligado a recurrir a un plan de ajuste bajo la administración socialista. Para la oposición, este hecho es un indicador de una política económica fallida que compromete la autonomía financiera del municipio.
El debate también se ha centrado en el incremento del gasto corriente y de personal. Mientras que el grupo de gobierno justifica el aumento en el Capítulo 1 por la necesaria adecuación de la plantilla a los servicios públicos y el cumplimiento de las actualizaciones salariales dictadas por el Estado, y atribuye el alza del Capítulo 2 al impacto de la inflación en los suministros, la oposición mantiene una postura crítica. Este cruce de declaraciones refleja la tensión habitual en las corporaciones locales cuando la contabilidad pública se convierte en el eje central de la confrontación partidista, especialmente ante la proximidad de las urnas.