Tensión en Valle Tabares: debate sobre el personal y riesgo de "descontrol".
El personal del centro de menores Ciemi Valle Tabares denuncia un creciente "descontrol" y agresiones debido a la falta de educadores cualificados y un régimen disciplinario laxo.
Los educadores y vigilantes del centro de menores infractores (Ciemi) de Valle Tabares están debatiendo un tema delicado y que muchos consideran controvertido.
Se preguntan: ¿qué tipo de persona es la más adecuada para trabajar a diario con jóvenes que han cometido delitos graves, y que a veces tienen problemas de drogas o de salud mental?
¿Es mejor ser más flexibles con los que no cumplen las normas o aplicar una disciplina más estricta?
Tanto educadores como vigilantes creen que en las unidades donde conviven los menores debería haber personal fuerte físicamente, pero que también sepa dialogar y negociar con ellos.
La Fundación Canaria Ideo, que gestiona el centro, ha apostado en los últimos años por la reinserción, la educación y el diálogo con los adolescentes, según algunos trabajadores.
Sin embargo, estos mismos trabajadores critican duramente el modelo actual y advierten que, si no hay un cambio de rumbo, el centro corre el riesgo de caer en un "descontrol" con consecuencias imprevisibles.
Andrés Pérez, presidente del Comité de Empresa de los vigilantes (quienes, por norma, solo deberían intervenir fuera de las unidades de convivencia y entrar en casos de emergencia), cree que debería haber un régimen disciplinario más estricto para los internos con comportamientos muy violentos.
Se queja de que, para cubrir la falta de educadores, las bajas del personal y un perfil inadecuado, cada vez se les pida más a los vigilantes que entren en las unidades de convivencia, algo que va en contra de la normativa actual.
Patricia Pérez Barreiro, presidenta del Comité de Empresa del centro Valle Tabares, reconoce que, en muchos casos, el personal contratado "es muy joven, sin experiencia vital, con edades muy próximas a la de los internos y con sueldos muy cercanos al salario mínimo interprofesional".
Cree que sería bueno que, al menos, hubiera dos "hombres fuertes" como educadores en cada unidad de convivencia, y que los adolescentes los respetaran, tanto por su físico como por su habilidad para resolver problemas hablando.
Hasta ahora, no ha sido posible conocer la postura de la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias sobre este asunto.
Sobre las quejas de los vigilantes por tener que trabajar dentro de las unidades, la consejera de Bienestar Social, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, respondió a la Televisión Canaria que "si ellos entienden que hay alguna parte del contrato que tienen en su empresa que se está incumpliendo, o su convenio colectivo, tienen que dirigirse a su empresa". En otras palabras, lo ve como un problema laboral.
Andrés Pérez señala que hay que saber las situaciones desagradables que viven los educadores y educadoras, a quienes los menores infractores "escupen, agreden física y verbalmente, o bien los intimidan o amenazan". Estas situaciones provocan muchas bajas laborales.
Pérez explica que los vigilantes "debemos ser el último eslabón" para intervenir en las unidades de convivencia de los menores infractores solo en caso de emergencia, "pero quieren meternos dentro para cubrir las carencias citadas".
Según Pérez, la situación se ha complicado especialmente en la unidad de convivencia número 5, donde están los jóvenes de 18 a 23 años que fueron condenados por delitos graves cuando eran menores, como homicidio, lesiones graves o agresión sexual.
Patricia Pérez confirma que la situación en ese módulo es cada vez más complicada. "Ha habido momentos de descontrol y al personal educativo le está costando volver a la normalidad".
Los educadores y educadoras suelen tener carreras como Psicología, Pedagogía, Educación Primaria o Trabajo Social.
Para la presidenta del Comité de Empresa de Valle Tabares, "las faltas de respeto son diarias y continuas; las intentan intimidar física y verbalmente".
Algunos internos se les acercan demasiado a estas trabajadoras, las miran con desprecio y les dan a entender que, al final, se hará lo que ellos quieran, apunta Pérez.
¿Y qué ocurre con el adolescente que no cumple las normas o se muestra muy violento? "Para casos muy graves está la separación del grupo durante siete días", afirma.
Reconoce que el régimen disciplinario no es tan firme como debería, "pero tampoco se aplica por el miedo de los educadores a aplicar las normas y enfrentarse a los chicos", recuerda la representante sindical.
Hace varios meses, en la unidad de convivencia 1, varios internos agredieron a dos vigilantes. Uno de ellos casi perdió la visión de un ojo, y el otro sufrió una conmoción cerebral.
Otro incidente importante ocurrió en el módulo 5, donde dos internos, de origen magrebí, rompieron la pantalla de un aula y usaron los cristales para autolesionarse con pequeños cortes. Después amenazaron a los vigilantes y educadores. ¿Qué consiguen con esa actitud? Solo la apertura de un parte y una sanción.