El Polígono Valle de Güímar formaliza su entidad de conservación para garantizar su gestión integral

El Polígono Valle de Güímar formaliza su entidad de conservación para garantizar su gestión integral

Recurso: El Día

La formalización de la Entidad Urbanística de Conservación en el Polígono Valle de Güímar establece un nuevo modelo de gestión público-privada para garantizar el mantenimiento y la competitividad de este enclave industrial estratégico en Tenerife.

La reciente formalización de la Entidad Urbanística de Conservación (EUC) en el Polígono Valle de Güímar marca un punto de inflexión en la gestión de infraestructuras estratégicas en Tenerife. Tal y como recoge la información publicada por el diario El Día, este paso administrativo, que ha requerido más de una década de gestiones, permite finalmente dotar al complejo industrial de una estructura jurídica estable para su mantenimiento operativo.

La relevancia de este acuerdo radica en la consolidación de un modelo de gobernanza público-privada que involucra al Cabildo insular, a los ayuntamientos de Arafo, Candelaria y Güímar, y al tejido empresarial asentado en la zona. Esta fórmula busca superar la parálisis administrativa que ha lastrado el desarrollo del área durante años, garantizando ahora la conservación de servicios básicos, desde el alumbrado y la red hídrica hasta el estado de las vías y zonas verdes.

Desde una perspectiva económica, la puesta en marcha de la EUC se apoya en una dotación inicial de 450.000 euros. Esta cifra se compone de una aportación de 200.000 euros por parte del Cabildo y 250.000 euros provenientes de la Asociación Mixta de Compensación. A partir de ahora, el sostenimiento del recinto, que abarca una superficie total de más de dos millones de metros cuadrados —repartidos principalmente entre Arafo (52,98%), Güímar (29,30%) y Candelaria (17,72%)—, recaerá sobre los propietarios de las parcelas mediante cuotas proporcionales, complementadas por una partida anual de 50.000 euros aportada por cada una de las cuatro administraciones públicas implicadas.

Este cambio de paradigma no solo responde a una necesidad de mantenimiento físico, sino que busca dotar de seguridad jurídica a un sector clave para la diversificación económica de la isla. Al profesionalizar la gestión de las infraestructuras, las autoridades insulares pretenden convertir este enclave en un polo de atracción para inversiones que requieran de un entorno industrial competitivo y bien gestionado. La obligatoriedad de los propietarios de mantener fachadas y accesos en condiciones óptimas subraya el cambio hacia una gestión integral que aspira a consolidar el Valle de Güímar como un referente en la actividad productiva de Canarias.