Presión urbanística expulsa al último cabrero de La Matanza.
José Manuel Martín, el último cabrero quesero de La Matanza de Acentejo, se ve forzado a vender su rebaño tras décadas de actividad por la presión urbanística y la falta de apoyo municipal, simbolizando el conflicto entre la ganadería tradicional y el desarrollo urbano.
La reciente interrupción forzosa de la actividad de José Manuel Martín, el último cabrero quesero de La Matanza de Acentejo, pone de manifiesto la creciente fricción entre las prácticas ganaderas tradicionales y la expansión urbanística en entornos rurales. Según ha trascendido, esta situación ha culminado con la venta de su rebaño, una actividad que ha sostenido a su familia durante más de tres décadas.
La decisión, cargada de un profundo significado personal, deriva de las objeciones manifestadas por un grupo de vecinos y la percepción de falta de respaldo por parte del Ayuntamiento local. Las repercusiones económicas para Martín, quien se enfrenta a la incertidumbre sobre cómo afrontar compromisos financieros adquiridos para su explotación, son considerables.
Residente en la zona de La Resbala, tradicionalmente dedicada al pastoreo, Martín ha sido objeto de presiones continuadas a medida que el área ha experimentado un desarrollo constructivo. Las quejas vecinales se centraban en aspectos como el ruido y los excrementos de los animales en la vía pública. A pesar de que la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias no registra ninguna denuncia formal por incumplimiento de bienestar animal, el ganadero fue sancionado por el Consistorio con una multa de 90,15 euros por infringir la ordenanza de convivencia ciudadana. Dicha resolución administrativa, cuyo contenido ha sido conocido, instaba al traslado de su explotación, una medida inviable para Martín por carecer de los recursos necesarios.
La venta de las aproximadamente cien cabras no solo interrumpe una tradición familiar que se remonta a su bisabuelo, sino que también compromete un préstamo de 15.000 euros solicitado para la mejora de la actividad. Adicionalmente, una subvención de 50.000 euros concedida a su hijo para modernizar las instalaciones de ordeño y quesería podría tener que ser reembolsada, generando una grave situación de endeudamiento. A sus 60 años y con una limitación física, Martín expresa su preocupación por su futuro laboral.
Por su parte, Miguel Ángel Pérez Pío, primer teniente de alcalde, ha declarado que el Consistorio carece de competencias directas en materia ganadera y que no existe un expediente abierto contra el vecino. No obstante, ha manifestado la intención municipal de ofrecer asesoramiento y apoyo dentro de sus posibilidades.
El caso de José Manuel Martín se erige como un símbolo de los desafíos que enfrenta el sector primario en Canarias, donde la coexistencia entre el desarrollo urbano y las actividades agropecuarias tradicionales se torna cada vez más compleja, amenazando la pervivencia de oficios y productos locales de gran valor cultural y económico.