Protestas en la Universidad de La Laguna contra la posible supresión de la convocatoria de exámenes de julio
Estudiantes de la Universidad de La Laguna se manifiestan contra la posible supresión de la convocatoria de exámenes de julio, una medida incluida en la reforma de los estatutos que genera un fuerte conflicto con el equipo rectoral.
La Universidad de La Laguna (ULL) se enfrenta a una crisis de gobernanza que ha sacado a la luz la fractura existente entre el equipo rectoral y el colectivo estudiantil. Tal y como ha informado la prensa local, más de un centenar de alumnos se concentraron este viernes ante el Rectorado para expresar su rechazo frontal a la posible supresión de la convocatoria de exámenes de julio, una medida que actualmente se debate en el marco de la reforma de los estatutos de la institución.
El conflicto tiene su origen en la Comisión de Reforma de los Estatutos, donde una propuesta impulsada por sectores del profesorado plantea eliminar uno de los dos llamamientos extraordinarios. Esta modificación, que busca potenciar la evaluación continua como alternativa, ha sido interpretada por los estudiantes como un menoscabo de sus derechos académicos. La preocupación es especialmente aguda en grados donde, según denuncian los alumnos, el sistema de evaluación continua es inexistente o insuficiente, lo que obliga a concentrar toda la carga académica en pruebas finales.
El rector, Francisco García, recibió a una delegación de los manifestantes, aunque se limitó a señalar la falta de competencias del equipo de gobierno para intervenir en un proceso que depende exclusivamente del Claustro. La incertidumbre es máxima, dado que el órgano encargado de la votación requiere una mayoría absoluta —126 votos— para ratificar el nuevo texto estatutario. La disparidad en la representatividad dentro del Claustro, donde el peso del profesorado supera al del alumnado, alimenta el temor de los estudiantes a que la medida prospere a pesar de su oposición unánime.
Esta movilización ha logrado una cohesión inusual entre los distintos sectores estudiantiles, incluyendo al Consejo de Estudiantes y a las 23 delegaciones de centro, que han actuado de manera coordinada. Los alumnos advierten que la pérdida de esta oportunidad de examen no solo incrementaría la tasa de suspensos y la saturación de las matrículas, sino que situaría a la ULL en una posición de desventaja competitiva frente a otras universidades del sistema público español.
Desde el Rectorado se ha instado a aprovechar este clima de tensión para abrir un debate más profundo sobre los modelos de evaluación y el rendimiento académico. No obstante, la respuesta institucional no ha logrado calmar los ánimos de un colectivo que percibe el recorte como una medida de carácter económico y punitivo. Mientras el Claustro se prepara para una votación decisiva, la comunidad universitaria permanece a la espera de un desenlace que podría alterar sustancialmente el régimen de evaluación vigente hasta la fecha.