Tensión en la Universidad de La Laguna por la posible supresión de la convocatoria de exámenes de julio
El Claustro de la Universidad de La Laguna debate la posible supresión de la convocatoria de exámenes de julio en medio de intensas protestas estudiantiles que defienden el mantenimiento de este periodo por motivos académicos y socioeconómicos.
La Universidad de La Laguna (ULL) se encuentra inmersa en una encrucijada académica que ha derivado en una notable fractura entre su equipo rectoral y el colectivo estudiantil. Tal y como ha informado la prensa local, el Claustro universitario se ha reunido este martes para dirimir el futuro de las convocatorias de exámenes del mes de julio, un debate enmarcado en la reforma de los Estatutos de la institución que ha provocado una intensa movilización en el campus.
El conflicto se articula en torno a dos modelos contrapuestos: una propuesta que contempla la supresión de la convocatoria estival, frente a la alternativa de mantener el sistema vigente de tres periodos de evaluación. La tensión ha sido palpable desde primera hora, cuando cerca de medio centenar de alumnos recibió a los responsables académicos, encabezados por el rector Francisco García, con protestas y consignas de rechazo. La representación estudiantil ha hecho valer su postura presentando cerca de 7.000 firmas recogidas durante la última semana, una cifra que subraya la preocupación del alumnado ante lo que perciben como un retroceso en sus derechos académicos.
Durante la sesión, celebrada en un Aula Magna con aforo completo, los portavoces de los estudiantes han cuestionado la legitimidad del proceso de reforma. Gabriel Suárez, en representación del grupo Ágora, ha denunciado que la propuesta de eliminar la convocatoria de julio se gestó en una comisión con escasa presencia estudiantil, coincidiendo con el periodo de exámenes. Más allá de la cuestión procedimental, el debate ha puesto sobre la mesa la realidad de la evaluación continua en la ULL. Aunque la institución defiende que el peso de los exámenes finales no debe ser desproporcionado, los estudiantes han aportado ejemplos concretos en grados como Medicina o Derecho, donde los requisitos de las pruebas parciales y la estructura de las prácticas obligatorias dificultan, a su juicio, la superación de las asignaturas sin recurrir a las convocatorias extraordinarias.
El impacto socioeconómico de esta medida es, quizás, el punto de mayor fricción. Para muchos estudiantes, la convocatoria de julio no es solo una oportunidad académica, sino un salvavidas necesario para mantener becas del Ministerio de Educación o para evitar el sobrecoste que suponen las segundas matrículas, un gasto inasumible para quienes compaginan sus estudios con empleos precarios. La incertidumbre sobre el resultado de la votación —que podría derivar en la aprobación de cualquiera de las dos opciones o en un bloqueo institucional sin acuerdo— mantiene en vilo a una comunidad universitaria que ve en esta decisión un precedente crítico sobre la flexibilidad y la equidad en el acceso a la titulación.