La Universidad de La Laguna defiende su gestión en el expediente abierto a una docente tras las críticas sindicales
La Universidad de La Laguna ha defendido la legalidad de sus actuaciones frente a las críticas del sindicato STEC-IC respecto al expediente sancionador abierto a una docente tras las quejas del alumnado y el archivo de una denuncia previa por hostigamiento.
La gestión de los conflictos laborales en el ámbito universitario vuelve a situarse en el foco de la actualidad tras las recientes aclaraciones ofrecidas por la Universidad de La Laguna (ULL) sobre el expediente abierto a una de sus docentes. Tal y como recoge la agencia EFE, la institución académica ha salido al paso de las críticas vertidas por el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Canarias (STEC-IC), que cuestionaba la salvaguarda de los derechos de la empleada en el marco de este litigio.
El conflicto presenta una doble vertiente procedimental. Por un lado, la universidad sostiene que su intervención se ajustó a la normativa vigente cuando la profesora denunció una supuesta situación de hostigamiento. En aquel momento, la entidad activó sus mecanismos internos y encargó una auditoría externa, la cual derivó en el cierre de las actuaciones al no hallarse pruebas que sustentaran las acusaciones contra el personal señalado.
Por otro lado, la situación de la docente se complicó tras la recepción de diversas quejas relativas al desempeño de sus funciones académicas. Este escenario alcanzó un punto crítico cuando el estudiantado de la titulación afectada protagonizó una huelga total, lo que motivó la apertura de un procedimiento sancionador por parte de la ULL. Actualmente, este expediente administrativo permanece en estado de paralización, una medida técnica justificada por la ausencia de actividad laboral de la profesora en la institución.
Este caso pone de relieve la complejidad de los protocolos de convivencia en las universidades públicas, donde la colisión entre la protección del trabajador y la garantía de la calidad docente exige un equilibrio garantista. La controversia subraya, además, la creciente presión sobre los órganos de gobierno universitarios para resolver disputas internas que, en ocasiones, terminan derivando en una judicialización de las relaciones laborales o en una exposición pública que afecta a la normalidad académica de las facultades.