Denuncian ante Inspección de Trabajo el grave deterioro de la sede del TSJC en Tenerife

La precariedad de las infraestructuras judiciales en el archipiélago ha vuelto a situarse en el foco del debate público tras la denuncia formal interpuesta por Intersindical Canaria ante la Inspección de Trabajo. Según la información difundida por la organización sindical, las dependencias del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en Tenerife presentan un deterioro estructural que compromete tanto la integridad de los expedientes judiciales como las condiciones de seguridad y salud de los funcionarios que desempeñan allí su labor diaria.

El sindicato ha trasladado a las autoridades laborales un informe detallado que pone de manifiesto una gestión deficiente del mantenimiento preventivo. Entre las irregularidades documentadas, que ya figuraban en la planificación técnica de noviembre de 2023, destacan problemas de climatización con registros térmicos superiores a los 27 grados, deficiencias en la iluminación, fallos en los sistemas de cierre de las ventanas y una gestión inadecuada de los espacios de tránsito y archivo. La situación ha alcanzado niveles críticos en los que se han registrado desprendimientos de techos que han obligado a reubicar a parte de la plantilla, además de la presencia de moho y filtraciones que han afectado a la documentación custodiada.

Resulta especialmente controvertido el contraste entre el estado actual del inmueble y la inversión pública ejecutada hace apenas dos años. En 2022, el Ejecutivo autonómico destinó 330.075,15 euros a una intervención centrada en la rehabilitación de la fachada con el objetivo declarado de erradicar las humedades. Sin embargo, la persistencia de estas patologías constructivas en 2026 sugiere una ineficacia en la ejecución de las obras o una falta de seguimiento en la conservación del edificio, a pesar de que la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia ha sido notificada reiteradamente sobre la degradación de las instalaciones.

Este episodio subraya la tensión existente en la gestión de los recursos materiales de la administración de justicia en las islas, un ámbito donde la normativa de prevención de riesgos laborales debe prevalecer sobre las limitaciones presupuestarias. La intervención de la Inspección de Trabajo se perfila ahora como el mecanismo determinante para exigir que se garanticen los estándares mínimos de habitabilidad y seguridad en una sede que, pese a las reformas previas, sigue presentando carencias estructurales incompatibles con el ejercicio de la función pública.