Unidas se puede y Vox se alían en La Laguna para desbloquear 200.000 euros del Grupo Mixto
Unidas se puede y Vox han solicitado al Ayuntamiento de La Laguna desbloquear más de 200.000 euros del Grupo Mixto, inmovilizados por la falta de acuerdo con Drago Verdes Canarias para gestionar los fondos públicos.
La parálisis administrativa en la gestión de los recursos asignados al Grupo Mixto del Ayuntamiento de La Laguna ha derivado en una insólita alianza política. Según ha desvelado Diario de Avisos, Unidas se puede y Vox han registrado una petición formal ante el consistorio para desbloquear el acceso a una cuenta bancaria mancomunada que acumula más de 200.000 euros, fondos públicos que permanecen inmovilizados desde el inicio del actual mandato municipal.
La raíz del conflicto reside en la naturaleza jurídica de la cuenta, que requiere la firma conjunta de los tres partidos que integran el Grupo Mixto —Unidas se puede, Vox y Drago Verdes Canarias—. La negativa o falta de acuerdo por parte de esta última formación impide la disposición de los recursos, una situación que ha forzado a los otros dos grupos a solicitar al Ayuntamiento que se habilite un mecanismo de mayoría simple para gestionar el dinero. Esta maniobra, que trasciende la profunda brecha ideológica entre los solicitantes, responde a una urgencia administrativa y electoral: la necesidad de justificar el gasto de estas partidas antes de que finalice el ejercicio, bajo el riesgo de tener que reintegrar la totalidad de los fondos a las arcas municipales.
El origen de esta anomalía se remonta a los acuerdos de organización interna alcanzados tras los comicios de 2023. En aquel momento, las tres formaciones pactaron un reparto de recursos que incluía liberaciones parciales y totales para sus concejales, además de la presidencia de una comisión parlamentaria local. Sin embargo, la ejecución práctica de dicho pacto ha resultado fallida, dejando los fondos estancados y sin posibilidad de ser aplicados a la actividad política ordinaria.
Para el Ayuntamiento de La Laguna, el asunto ha dejado de ser una cuestión interna de los grupos para convertirse en una preocupación de control financiero. La administración local tiene la obligación legal de velar por el destino final de las subvenciones públicas y, ante la imposibilidad de ejecutar el gasto, se enfrenta a la obligación de recuperar el capital no justificado. Actualmente, los servicios jurídicos municipales analizan si existe cobertura normativa para atender la petición de Unidas se puede y Vox, una decisión que determinará no solo la viabilidad de la gestión de estos fondos, sino también la capacidad de estas formaciones para afrontar con solvencia los gastos derivados de la próxima campaña electoral.