Rescatan a una veintena de perros en Tenerife mientras ADEPAC denuncia el bloqueo de fondos públicos
La protectora ADEPAC denuncia una asfixia financiera y parálisis administrativa en el Cabildo de Tenerife tras rescatar a una veintena de perros en condiciones precarias, evidenciando la falta de recursos institucionales para la protección animal en las islas.
La reciente intervención conjunta entre la Policía Canaria y la Asociación para la Defensa y Protección de los Animales de Canarias (ADEPAC), que culminó el pasado 26 de junio con la incautación de una veintena de canes en condiciones precarias, ha vuelto a poner sobre la mesa la fragilidad del sistema de protección animal en las islas. Tal y como recoge la entidad, este operativo no es un suceso aislado, sino el desenlace de una labor de vigilancia iniciada por la propia organización en 2022. La recopilación de pruebas por parte de la sociedad civil resultó determinante para que las autoridades pudieran actuar contra un individuo que, pese a contar con una prohibición judicial expresa para la tenencia de animales, mantenía a los ejemplares en un estado de abandono que ha obligado a la ONG a asumir su custodia, manutención y cuidados veterinarios inmediatos.
Este episodio subraya una contradicción estructural: mientras la protectora asume funciones de control y rescate que, por ley, recaen en las administraciones públicas, su viabilidad económica se encuentra en un punto de quiebra. La organización, que actualmente gestiona el bienestar de más de 300 animales en instalaciones situadas en terrenos que pertenecen al Cabildo de Tenerife, denuncia una parálisis administrativa que pone en riesgo su operatividad. A pesar de que la institución insular dio luz verde el pasado mes de mayo a una partida presupuestaria de emergencia destinada a garantizar la supervivencia del refugio, los fondos siguen sin llegar a las cuentas de la asociación.
Desde la protectora señalan que, aunque se han atendido los requerimientos de subsanación administrativa exigidos por el Cabildo, la transferencia sigue bloqueada. Este retraso burocrático se produce en un contexto donde la carga asistencial de la ONG ha crecido exponencialmente, obligando a la entidad a recurrir a la opinión pública para reclamar la liberación de una ayuda que consideran vital para el mantenimiento diario de los animales. El caso pone de manifiesto la brecha existente entre la normativa vigente contra el maltrato animal y la capacidad de las instituciones para dotar de recursos reales a los colectivos que, en la práctica, sostienen la red de protección en el archipiélago.