Persisten los baños ilegales en la fuente de la Plaza de España de Santa Cruz de Tenerife
El uso recurrente de la fuente de la Plaza de España en Santa Cruz de Tenerife como zona de baño público, pese a estar prohibido por la normativa municipal, ha reactivado las quejas vecinales y las advertencias de las autoridades sobre los riesgos sanitarios y el deterioro del patrimonio.
La recurrente transformación de la emblemática fuente de la Plaza de España de Santa Cruz de Tenerife en un improvisado espacio de baño público ha vuelto a poner de manifiesto la tensión entre el uso turístico y la preservación del patrimonio urbano. Tal y como recoge Diario de Avisos, este viernes se han registrado nuevos episodios en los que diversos visitantes han ignorado las prohibiciones vigentes, utilizando el lago artificial como zona de recreo ante las altas temperaturas.
Este fenómeno, lejos de ser un hecho aislado, refleja una problemática persistente que ha generado un creciente malestar entre los residentes y los empresarios de la zona. La normativa municipal, concretamente el artículo 128 de la Ordenanza de Policía y Buen Gobierno, prohíbe de forma explícita cualquier tipo de inmersión, juego o manipulación en las fuentes decorativas de la capital. El incumplimiento de esta disposición conlleva sanciones económicas que oscilan entre los 60 y los 300 euros, dependiendo de la naturaleza de la infracción y de la posible reincidencia.
Desde una perspectiva de salud pública, las autoridades advierten sobre los riesgos inherentes a esta práctica. Al tratarse de una instalación ornamental y no de una piscina, el agua carece de los tratamientos sanitarios y niveles de cloración necesarios para el contacto humano. La exposición a este medio puede derivar en patologías dermatológicas, oculares o fúngicas, a lo que se suma el peligro físico derivado de las superficies resbaladizas y los mecanismos hidráulicos del recinto.
La respuesta operativa ante estas conductas recae en la Policía Local, cuyos agentes proceden habitualmente al desalojo de los infractores y a la tramitación de las correspondientes actas de denuncia. Cabe recordar que, en años anteriores, el volumen de expedientes sancionadores por contravenciones a las ordenanzas de convivencia en el municipio ha llegado a alcanzar cifras cercanas a las 700 actas anuales. Ante este escenario, los colectivos vecinales y comerciales han solicitado un refuerzo en la vigilancia preventiva, con el objetivo de salvaguardar la integridad de este espacio público y evitar que el deterioro del mobiliario urbano siga siendo una constante en uno de los puntos neurálgicos de la ciudad.