Condenan a 12 años de prisión a tres integrantes de una banda de ladrones de viviendas en Tenerife

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha dictado una sentencia condenatoria de doce años y tres meses de prisión para cada uno de los tres individuos arrestados en junio de 2025 en el aeropuerto de Tenerife Norte, tal y como ha trascendido tras el fallo judicial. La resolución pone fin a un proceso que ha puesto de relieve la sofisticación de las bandas itinerantes que operan en el archipiélago, especializadas en el asalto a viviendas mediante técnicas de intrusión silenciosa.

El tribunal ha considerado acreditada la responsabilidad de los procesados en una serie de robos perpetrados entre finales de 2024 y mediados de 2025. Según la investigación, el grupo operaba mediante el uso de ganzúas y el método conocido como bumping, una técnica que permite la apertura de cerraduras sin dejar señales de violencia, lo que dificultaba inicialmente la detección de los delitos. Los magistrados han validado la autoría en diez de los doce domicilios inicialmente investigados, desestimando la tesis de la Fiscalía sobre la existencia de una estructura de grupo criminal organizada, por lo que han absuelto a los acusados de este cargo específico.

Durante la vista oral, los encausados intentaron justificar la posesión de las 194 piezas de joyería —entre las que figuraban relojes, monedas y objetos de valor— alegando una supuesta actividad comercial legítima por parte de uno de ellos, quien se identificó como joyero. Sin embargo, la Sala ha calificado esta versión de inverosímil, subrayando la falta de arraigo de los condenados en la isla y la ausencia de una explicación lógica para la ocultación de los efectos en sus vestimentas durante su intento de abandonar el territorio nacional. La condena se sustenta en un acervo probatorio que incluye grabaciones de videovigilancia, a pesar de los intentos de los acusados por modificar su apariencia física, así como en el reconocimiento directo de los objetos sustraídos.

Más allá de la privación de libertad, el fallo impone una responsabilidad civil significativa. Los condenados deberán resarcir a siete de los afectados con una cuantía base de 3.000 euros, a la que se sumará el valor resultante de la tasación pericial de los bienes no recuperados y los intereses legales correspondientes. Cabe recordar que, en los casos donde las aseguradoras ya han indemnizado a los propietarios, la responsabilidad civil se ve mitigada, un aspecto recurrente en este tipo de delitos contra el patrimonio donde la recuperación total de los objetos resulta compleja.

Este caso ilustra el desafío que suponen para las fuerzas de seguridad las organizaciones que, sin vínculos previos con el entorno local, aprovechan la movilidad internacional para ejecutar campañas de robos sistemáticos. La sentencia, que aún no es firme y puede ser objeto de recurso, subraya la importancia de la cooperación policial en los puntos de tránsito, como los aeropuertos, para frenar la salida de bienes ilícitos antes de que abandonen la jurisdicción española.