El cierre de las clínicas Vivanta deja a miles de pacientes sin tratamiento y en la incertidumbre financiera
La cadena de clínicas dentales Vivanta ha cesado su actividad en toda España tras fracasar su proceso de venta, dejando a miles de pacientes en situación de indefensión y con tratamientos interrumpidos.
El sector de la odontología en España se enfrenta a una crisis de confianza sin precedentes tras el cese de operaciones de la cadena Vivanta. Tal y como ha informado recientemente el diario El Día, la compañía ha clausurado la totalidad de sus centros en Tenerife —ubicados en zonas estratégicas como Puerto de la Cruz, Costa Adeje y la capital tinerfeña—, una medida que se extiende a su red nacional y que ha dejado a miles de pacientes en una situación de absoluta indefensión.
La raíz de este colapso se encuentra en la fallida operación de compraventa liderada por Donte Group, matriz de Vitaldent. La transacción, que pretendía absorber 61 de las 124 clínicas de la firma y subrogar una parte significativa de su plantilla y tratamientos, se vio frustrada por la intervención de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). El organismo público, que inyectó 40 millones de euros en Vivanta durante 2022 para garantizar su viabilidad tras el impacto de la pandemia, se opuso a la operación al considerar que el cambio de titularidad no podía eximir al nuevo propietario de la deuda contraída con el Estado. Ante la falta de una respuesta definitiva por parte de la Comisión Europea sobre la legalidad de esta transferencia de pasivos, la oferta expiró, forzando a la administración concursal a iniciar una liquidación ordenada para preservar la escasa liquidez restante.
El impacto social de este cierre es profundo. Los pacientes, muchos de los cuales financiaron sus tratamientos mediante préstamos bancarios vinculados a los servicios dentales, se encuentran ahora ante un escenario de incertidumbre jurídica. Los testimonios de los afectados revelan un patrón común: pagos anticipados por servicios que han quedado interrumpidos y una nula comunicación por parte de la empresa, que se limita a remitir a los usuarios a un código QR informativo y a las oficinas de Consumo.
Desde una perspectiva legal, este caso pone de relieve la vulnerabilidad del consumidor ante la quiebra de grandes grupos de servicios médicos. Cuando una clínica cesa su actividad, el paciente no solo pierde el acceso a la continuidad de su tratamiento —con los riesgos clínicos que ello conlleva, especialmente en ortodoncias—, sino que a menudo se ve obligado a seguir abonando las cuotas de préstamos suscritos para financiar intervenciones que nunca llegarán a completarse. Aunque la administración concursal mantiene abierta la posibilidad de que nuevas ofertas de compra reactiven la actividad si Bruselas desbloquea la situación, la realidad actual es la de un vacío asistencial que afecta a cerca de 30.000 tratamientos pendientes en todo el territorio nacional. Mientras tanto, los afectados se enfrentan a la compleja tarea de recuperar sus historiales médicos y buscar vías de reclamación ante una empresa que, por el momento, ha suspendido toda atención presencial.