El Tribunal Supremo de España redujo las multas a los guardias civiles condenados por contrabando de tabaco.

El Tribunal Supremo confirmó las penas de prisión, pero redujo el importe de las multas a un grupo de guardias civiles. Dos de ellos trabajaban en Tenerife. Fueron declarados culpables de participar en el contrabando de tabaco. Durante la operación se incautaron 48 millones de paquetes de cigarrillos, valorados en 6,2 millones de euros, que en el mercado costarían 7,9 millones.

Inicialmente, el tribunal de Barcelona condenó a seis acusados a diferentes penas de prisión, desde 15 meses hasta mes y medio. Fueron declarados culpables de intento continuado de contrabando y soborno.

También se les obligó a pagar multas que oscilaban entre los 16 millones y el 1,5 millones de euros.

Ahora, el Tribunal Supremo ha estimado parcialmente los recursos de tres de los condenados. A uno de ellos, un guardia civil de Puerto de la Cruz, se le redujo la multa de 1,5 millones a 388.000 euros. A los otros dos, de 3,1 millones a 776.000 euros cada uno.

Al reducir las multas, se tuvo en cuenta que el caso tardó demasiado en ser juzgado.

La resolución judicial señala que la trama se destapó tras una investigación iniciada en 2009. Dos guardias civiles declararon que otro agente de la localidad de Tacoronte, que era el principal acusado y que en el momento de los hechos estaba de baja por enfermedad, había intentado sobornarlos.

En 2009, ofreció a otro agente 6.000 euros por información sobre las operaciones de lucha contra el contrabando que realizaba la Guardia Civil.

El agente no sólo se negó, sino que informó de ello a sus superiores.

El mismo acusado, a través de un cabo de Puerto de la Cruz, contactó con el dueño de un club nocturno de Barcelona. Quería obtener información sobre almacenes donde poder ocultar tabaco de contrabando.

También ofreció 6.000 euros por ponerle en contacto con agentes de Barcelona que le informaran sobre las operaciones. Pero el dueño del club también informó de ello a sus superiores. También se enteraron de la implicación de los dos condenados que trabajaban en Tenerife.

Posteriormente, se determinó que otros tres acusados y una mujer estaban implicados en la trama. Se demostró que, entre junio y octubre de 2009, introdujeron tabaco en España procedente de China sin cumplir la normativa.

Importaban la mercancía a Barcelona, luego la enviaban a Bilbao y de allí a Irlanda, sin pagar aranceles, y lo hacían pasar por un negocio legal.

El Tribunal Supremo considera que el agente de Tacoronte desempeñó un papel fundamental en la trama. Con la ayuda del agente de Puerto de la Cruz, obtenía la información necesaria. También le ayudaba su cuñada, que se encargaba de tramitar los contenedores.

El agente de Puerto de la Cruz le ayudó a contactar con el dueño del club nocturno, que le informó sobre los almacenes para guardar la mercancía y le puso en contacto con un informador que le avisaba de las incautaciones.