
En España, escándalo: las redes sociales de seguridad de la ciudad fueron subcontratadas.
En la ciudad española de Santa Cruz se ha desatado un escándalo por la transferencia de la gestión de las páginas de redes sociales sobre seguridad a una empresa privada, lo que ha provocado la indignación de la oposición y los sindicatos.
Ayer, en España, en la ciudad de Santa Cruz, estalló un escándalo. Las autoridades locales decidieron externalizar la gestión de las páginas en redes sociales que informan sobre seguridad y emergencias. Esto indignó al partido de la oposición, el PSOE.
El concejal, Florentino Guzmán, escribió en Twitter que las autoridades habían firmado un contrato de 16.000 euros con una empresa privada, aunque antes un empleado a tiempo completo, que fue despedido, hacía un excelente trabajo. Considera que "entregar importantes funciones estatales a privados no es la mejor solución".
El sindicato de policías CSIF también apoyó al jefe de prensa de la policía, quien, según ellos, está siendo presionado debido a la transferencia de sus funciones a otra persona que, hasta 2023, estuvo vinculada al partido gobernante.
En el ayuntamiento explican que se trata de una medida temporal. Dicen que era necesario garantizar urgentemente la información continua a la población sobre seguridad, emergencias y la situación en las carreteras, mientras no haya un empleado a tiempo completo. Las páginas de la policía, protección civil y el centro de coordinación (Cecopal) son importantes canales de comunicación durante las crisis y no pueden quedar desatendidas.
Representantes del ayuntamiento aseguran que no se trata de un reemplazo del empleado a tiempo completo, sino de un servicio adicional que ayudará a transmitir información a la gente de forma más rápida y eficaz. El contrato permitirá mejorar el trabajo y adaptarlo a las plataformas modernas, donde la gente busca información de las autoridades. Todo se hizo en el marco de la ley de contratación pública, para garantizar la gestión las 24 horas de las páginas de tres organizaciones diferentes. El procedimiento fue transparente y no reemplaza a ningún funcionario, sino que sólo complementa su trabajo, aseguran en el ayuntamiento.