Se sospecha que el exalcalde y los funcionarios de Puerto de la Cruz contaminaron la playa Jardín.
Exfuncionarios y funcionarios en ejercicio de Puerto de la Cruz son sospechosos de un delito contra el medio ambiente por la contaminación de la playa Playa Jardín con aguas residuales sin depurar.
La fiscal Francisca Sánchez considera que el ex alcalde de Puerto de la Cruz (Marco González, quien ocupó el cargo hasta el 16 de agosto del año pasado), así como los actuales concejales de este municipio David Hernández y Alberto Cabo, la consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Cabildo de Tenerife Blanca Pérez, y el ex concejal de Turismo Alberto Bernabé, podrían haber cometido un delito contra el medio ambiente.
En la lista de sospechosos también figura Javier Dávara, jefe de servicio del Consejo Insular de Aguas de Tenerife.
La investigación comenzó en agosto de 2024, después de que se prohibiera el baño en la playa de Playa Jardín debido a los altos niveles de bacterias, que podrían ser peligrosas para la salud. El motivo de la investigación fue una denuncia de una organización ecologista, presentada el 23 de julio.
La fiscal de Medio Ambiente acusa al Ayuntamiento de Puerto de la Cruz de negligencia. En concreto, se refiere a que la red de alcantarillado de la ciudad tiene "deficiencias importantes", especialmente en la zona de Punta Brava, que está cerca de Playa Jardín.
En Punta Brava, muchas viviendas no están conectadas a la red de alcantarillado que recoge y depura las aguas residuales. En cambio, estas viviendas vierten los residuos en fosas sépticas. La Fiscalía recuerda que la responsabilidad del alcantarillado recae precisamente en los municipios.
También se acusa al Ayuntamiento de que se vertían aguas residuales en Playa Jardín desde las estaciones de bombeo de El Caletón y Playa Chica.
Estos vertidos se producían cuando las estaciones se desbordaban, y nadie había dado permiso para ello. Es más, el Gobierno de Canarias ya había multado al Ayuntamiento por estos vertidos, pero el consistorio, al parecer, no intentó legalizarlos.
La Fiscalía señala que las estaciones de El Caletón y Playa Chica no tienen tratamiento previo del agua antes de verterla, y hay pruebas de que, de enero a junio de 2024, vertieron agua contaminada al mar sin depurar y sin permiso.
La fiscal Francisca Sánchez subraya que es el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz quien debe velar por la limpieza de las playas, como Playa Jardín, controlar los puntos de vertido para evitar la contaminación del agua y garantizar la correcta recogida, tratamiento y eliminación de las aguas residuales.
Sin embargo, en opinión de la Fiscalía, el Ayuntamiento no cumplía con estas obligaciones, lo que provocó el deterioro de la calidad del agua en Playa Jardín, algo que ya había advertido en repetidas ocasiones la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias, especialmente desde 2021.
Aunque no se recomendaba el baño en Playa Jardín desde el 3 de julio de 2024, la Fiscalía afirma que el agua ya era de mala calidad desde marzo de 2024 debido a la contaminación fecal.
La fiscal también acusa al Consejo Insular de Aguas de no controlar los vertidos y de no ocuparse del mantenimiento de las tuberías.
En concreto, se acusa al Consejo de no facilitar al Gobierno de Canarias los datos de seguimiento de los vertidos y del estado de las tuberías, especialmente del emisario submarino que vierte agua depurada al mar cerca de Punta Brava.
También se acusa al Consejo de haber tardado demasiado en reparar una fuga en este emisario submarino. La Fiscalía recuerda que la fuga ya se conocía en 2020, pero la reparación no comenzó hasta 2023.
Según la fiscal, tras el cierre de Playa Jardín, el Consejo solo reparó temporalmente el colector, aunque es necesario sustituir unos 240 metros de tubería obsoleta.
La Fiscalía también señala otros problemas, como la insuficiente depuración del agua en la estación de Punta Brava y el uso excesivo de cloro, que puede ser peligroso si el agua no se ha depurado lo suficiente.
Sobre la base de estos hechos, la Fiscalía considera que los seis sospechosos podrían haber cometido un delito contra el medio ambiente, que se castiga con penas de prisión de seis meses a tres años.