Heces en la playa: investigan la contaminación en Tenerife con la participación de funcionarios.

La fiscalía ha tomado cartas en el asunto de la contaminación de la playa Jardín en Tenerife. Esta playa, ubicada en el municipio de Puerto de la Cruz, ha permanecido cerrada durante casi un año debido a la presencia de heces en el agua.

Seis funcionarios están bajo sospecha, entre ellos:

• Alberto Bernabé – ex responsable del área de turismo del Cabildo de Tenerife (hasta 2019);
• Marco González – ex alcalde de Puerto de la Cruz;
• Blanca Pérez – consejera insular de Medio Ambiente;
• Javier Dávara – responsable del Consejo Insular de Aguas;
• David Hernández y Alberto Cabo – concejales de Puerto de la Cruz.

Según informa Canarias Ahora, la fiscalía recordó que en julio de 2024 la playa fue cerrada debido al "deterioro" de la calidad del agua. Esto se reflejaba en un informe del Servicio Canario de la Salud (SCS) ya el 21 de junio de 2024.

En el informe se recomendaba tomar medidas para detener la contaminación por heces y microbios, que probablemente está relacionada con el funcionamiento de la infraestructura municipal.

La fiscalía señala que el alcantarillado en la ciudad "tiene graves problemas y muchas casas no están conectadas a la red, por lo que vierten los residuos en fosas sépticas".

En cuanto a la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) en el Valle de La Orotava, que pertenece al Cabildo, es importante revisarla periódicamente, reparar las fugas y roturas.

El Cabildo debería hacerlo al menos una vez al año, pero, al parecer, no lo hacía.

Cerca de la playa Jardín está permitido verter aguas residuales urbanas procedentes de las estaciones depuradoras de La Orotava, Puerto de la Cruz y Los Realejos.

La fiscalía afirma que desde 2016 el Cabildo no ha garantizado la calidad del agua (ni desde el punto de vista biológico, ni desde el punto de vista de la infraestructura), aunque debía hacerlo según el programa de seguimiento.

Además, cerca de la playa hay dos estaciones de bombeo para las que el Ayuntamiento no ha obtenido autorización de vertido. En 2023, la Agencia Canaria de Protección del Medio Ambiente impuso una multa, pero se desconoce si se ha intentado legalizarlas.

El informe de la fiscalía indica que "hay indicios de que entre enero y junio de 2024 se produjeron desbordamientos que provocaron vertidos ilegales".

En 2024, el Gobierno de Canarias autorizó el vertido al mar de aguas residuales urbanas depuradas a través de un emisario en Punta Brava.

Ya en 2011, la responsabilidad de esta instalación se transfirió al Ayuntamiento, pero algunas condiciones aún no se han modificado. El 10 de julio de 2020, durante una inspección submarina, se detectó una fuga que no se reparó hasta junio de 2023.

Según la fiscalía, tras el cierre de la playa Jardín, el Ayuntamiento solo "reparó temporalmente el emisario submarino para luego realizar una reparación definitiva". Esto implica la sustitución de unos 240 metros de tubería, ya que está "obsoleta".

Los resultados de más de 600 análisis de agua en la playa Jardín entre 2020 y 2024 mostraron la presencia de microbios que indican contaminación fecal.

Según estos datos, la situación empeoró drásticamente a partir de 2018, lo que provocó un "deterioro" de la calidad del agua: en 2021 era buena, en 2023 aceptable y un año después deficiente.

"Las aguas residuales urbanas contienen microorganismos patógenos que pueden causar diversas enfermedades, como gastroenteritis, enfermedades respiratorias, diarrea, vómitos, miocarditis y meningitis".

En opinión de la fiscalía, es el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz quien debe garantizar la limpieza y seguridad de la playa.

Los análisis del Seprona (unidad de la Guardia Civil española) revelaron que las aguas residuales no se depuran suficientemente, se percibe un fuerte olor a cloro (cuyo uso no se recomienda en estos casos) y las bacterias fecales afectan a la calidad del agua para el baño.