La suerte de la piscina en Los Silos se decidirá antes de noviembre: el gobierno espera la autorización de Madrid.
El gobierno de las Islas Canarias está a la espera de la decisión del gobierno de España sobre la autorización para la rehabilitación de la piscina de Los Silos, cuyo futuro se decide tras años de trámites burocráticos.
Para decidir el futuro de la piscina en Los Silos, el gobierno de las Islas Canarias ha esperado durante más de un año un documento importante del gobierno de España. Este documento es necesario para decidir si se autoriza la reapertura de la piscina.
La administración local solicitó este documento en septiembre de 2025, aunque la solicitud de un nuevo permiso se presentó en agosto de 2024. Resulta que pasó más de un año antes de que la administración local se dirigiera al gobierno central.
La alcaldesa de Los Silos, Carmen Luz Baso Lorenzo, dice que, debido al silencio de la administración local sobre la piscina, viajó a Madrid para averiguar qué estaba pasando.
Allí se enteró de que la solicitud de informe había sido presentada por la administración local de las Islas Canarias.
El gobierno de España tiene dos meses para responder a esta solicitud. Se espera que alrededor del 10 de noviembre se sepa si se autorizará la piscina en Los Silos. Este informe será crucial para la administración local de las Islas Canarias.
El representante de la administración local, Antonio Acosta, declaró que apoyan instalaciones como la piscina porque brindan la oportunidad de nadar a todos los que lo deseen.
El primer permiso para la piscina en Los Silos se emitió en 1968 por 99 años. En 1988, cuando se promulgaron nuevas leyes, la validez de este permiso podría extenderse por otros 30 años.
En 2018, las autoridades españolas informaron que la validez del permiso expiraba el 29 de junio. Pero la entonces administración de la ciudad no lo prorrogó debido a un "error administrativo".
En 2019, los socialistas presentaron un documento de intención para continuar con el funcionamiento de la piscina, pero no tenía validez legal. Dos días antes de las elecciones, se firmó un acta de reversión y la ciudad perdió oficialmente la piscina. La piscina funcionó por última vez en el verano de ese mismo año.
Durante la pandemia de coronavirus, en 2020, se presentó un nuevo proyecto para obtener un permiso y un permiso temporal de uso. En el verano de 2020 comenzaron los trabajos de preparación de la piscina para su entrega al Estado. Se gastaron casi 200.000 euros en esto.
En 2021, la alcaldesa Macarena Fuentes declaró que las autoridades españolas no estaban interesadas en prorrogar el permiso y comenzaron las conversaciones sobre la demolición de la piscina.
En 2022, las autoridades españolas denegaron a la ciudad un nuevo permiso para la piscina, aunque el servicio local emitió una opinión favorable. La entonces administración de la ciudad no apeló esta decisión ante los tribunales.
En 2023, parte de la autoridad sobre la costa se transfirió al gobierno de las Islas Canarias.
En 2024, la nueva administración de la ciudad presentó una apelación contra la denegación del permiso de 2022. Al mismo tiempo, solicitaron un permiso temporal. Actualmente, la apelación está siendo considerada en los tribunales.
En agosto de 2024, la ciudad presentó una solicitud de nuevo permiso junto con un nuevo proyecto para la piscina. Aún no hay respuesta. En septiembre de 2025, los residentes de la ciudad salieron a protestar y la alcaldesa Carmen Luz Baso Lorenzo se reunió con el ministro de Política Territorial.