Tensión en el sur de Tenerife por la propuesta de fusión de los partidos judiciales de Granadilla y Arona
El tejido empresarial del sur de Tenerife y el Ayuntamiento de Granadilla de Abona mantienen un fuerte enfrentamiento ante la propuesta del TSJC de fusionar los partidos judiciales de la comarca, frente a la cual el consistorio propone la construcción de un nuevo Palacio de Justicia en el municipio.
La pugna por la configuración de la planta judicial en el sur de Tenerife ha alcanzado un punto de inflexión. Tal y como ha trascendido recientemente, existe una fractura abierta entre el tejido empresarial de la comarca y el Ayuntamiento de Granadilla de Abona respecto a la propuesta del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) de fusionar los partidos judiciales de Granadilla y Arona.
Mientras que el sector privado, representado por entidades como el CEST, Ashotel, el CIT Sur, AJE Tenerife y el Rotary Club, respalda la unificación bajo el argumento de que la actual saturación y los tiempos de espera en los juzgados lastran la actividad económica y la seguridad jurídica de las familias, el consistorio granadillero se opone frontalmente a esta reestructuración. El alcalde, José Domingo Regalado, ha desestimado la postura de los empresarios, calificándola de ajena a la realidad demográfica de una zona que ha experimentado un crecimiento poblacional exponencial, pasando de menos de 17.000 habitantes a principios de los noventa a cerca de 59.000 en la actualidad.
Para contrarrestar la propuesta de fusión, el gobierno municipal ha puesto sobre la mesa una alternativa: la construcción de un nuevo Palacio de Justicia en una parcela de 2.300 metros cuadrados situada en el casco urbano. Este terreno, según el Ejecutivo local, permitiría levantar una infraestructura de hasta 7.000 metros cuadrados, aprovechando su proximidad a servicios públicos esenciales y su conectividad con la red viaria insular. El Ayuntamiento defiende que el partido judicial de Granadilla, con una trayectoria que se remonta a 1908, debe ser reforzado en lugar de suprimido, argumentando que el municipio actúa como un nodo logístico estratégico debido a la presencia de infraestructuras críticas como el aeropuerto, el puerto y el polígono industrial.
El debate no es menor, pues toca la fibra sensible de la descentralización administrativa y la eficiencia del servicio público. La propuesta de unificación, impulsada tras las consultas con el Tribunal de Instancia de Arona, busca optimizar los recursos judiciales en una comarca que, por su peso económico y demográfico, exige una respuesta ágil a la litigiosidad. Por su parte, el Ayuntamiento de Granadilla ha trasladado sus planes tanto al TSJC como a la Consejería de Presidencia y al Gobierno de Canarias, cuya cúpula tiene prevista una visita institucional al municipio para evaluar sobre el terreno la viabilidad de esta nueva sede judicial.
En última instancia, el conflicto pone de manifiesto la tensión entre dos modelos de gestión: uno que apuesta por la concentración de órganos judiciales para ganar en operatividad y otro que reivindica la permanencia de las sedes históricas como garantía de proximidad al ciudadano, en un contexto donde el sur de Tenerife se ha consolidado como uno de los principales motores de desarrollo de la isla.