El Cabildo de Tenerife recurre al Ministerio de Cultura ante el bloqueo de la Autoridad Portuaria por el silo de San Andrés
El Cabildo de Tenerife ha solicitado la intervención del Ministerio de Cultura ante la negativa de la Autoridad Portuaria a permitir el acceso técnico al antiguo silo de San Andrés, cuya demolición es rechazada por la corporación insular al considerar que se debe evaluar primero su valor patrimonial.
La tensión institucional en torno al futuro del antiguo silo de granos situado en la autovía de San Andrés, en Santa Cruz de Tenerife, ha escalado tras la negativa de la Autoridad Portuaria a permitir el acceso técnico a las instalaciones solicitado por el Cabildo Insular. Tal y como ha trascendido en las últimas horas, la administración insular ha trasladado al Ministerio de Cultura la urgencia de intervenir ante la falta de transparencia del organismo portuario, que mantiene sus planes de derribo alegando el deterioro estructural del inmueble y la ausencia de propuestas de reutilización.
El consejero de Presidencia y Patrimonio Histórico del Cabildo, José Miguel Ruano, ha advertido sobre las posibles consecuencias jurídicas de esta opacidad. Según la argumentación de la corporación insular, la Autoridad Portuaria estaría incumpliendo el artículo 37 de la Ley de Patrimonio Histórico Español al omitir la realización de un estudio técnico que determine el valor patrimonial del edificio antes de proceder a cualquier actuación de demolición. Esta evaluación es, a ojos del Cabildo, un requisito legal indispensable para garantizar la seguridad jurídica de cualquier decisión sobre el futuro del silo.
La controversia no se limita a la falta de acceso físico. El Cabildo ha denunciado que, a pesar de haber mantenido una postura de cooperación técnica, no ha recibido respuesta alguna sobre las conclusiones o el estado de los expedientes que maneja Puertos. Esta falta de comunicación contrasta con la actitud de la corporación insular, que sí ha facilitado información tanto al Colegio de Arquitectos de Tenerife como al Ministerio de Cultura, organismos que actualmente analizan las características del inmueble.
Desde el punto de vista administrativo, el conflicto pone de relieve la complejidad de la gestión de infraestructuras portuarias que, por su antigüedad o tipología, entran en conflicto con las normativas de protección del patrimonio. Mientras el Cabildo insiste en que la transparencia y el rigor técnico son las únicas vías para evitar responsabilidades patrimoniales, la Autoridad Portuaria ha optado por el silencio, declinando ofrecer explicaciones sobre el veto a la inspección técnica, una restricción que también ha afectado a la Alta Inspección de Patrimonio y Cultura del Gobierno de Canarias. La pelota queda ahora en el tejado del Ministerio de Cultura, cuya mediación se perfila como el único mecanismo capaz de desbloquear un expediente que, por el momento, permanece en un punto muerto.