
Bodega de Icod se convertirá en centro contra incendios forestales en el norte de Tenerife
Las antiguas bodegas de Icod de los Vinos y Chío serán destinadas a la lucha contra incendios y al Sector Primario, respectivamente, tras su cesión al Cabildo de Tenerife, evitando así una posible multa millonaria de la UE por competencia desleal.
Las antiguas instalaciones de la bodega comarcal de Icod de los Vinos se transformarán pronto en un nuevo centro para luchar contra los incendios forestales en el norte de Tenerife. Este centro dependerá del área de Medio Natural del Cabildo de Tenerife.
Estos terrenos, junto con otros dos edificios de Bodegas Insulares SA, pasarán a ser propiedad del Cabildo a partir del 2 de diciembre. Los otros dos inmuebles son las antiguas Bodegas Bilma en Chío (Guía de Isora) y parte de la sede central en Tacoronte, que se destinarán al Sector Primario.
La consejera de Medio Natural, Blanca Pérez, y el director insular de Medio Ambiente, Pedro Millán, buscan descentralizar los servicios, pero manteniendo el Pabellón Santiago Martín como punto central.
La bodega de Icod de los Vinos, ubicada en el camino de Cueva del Rey, tiene 4.836 metros cuadrados y cuenta con un edificio principal de dos plantas donde se encuentra la zona de embotellado y oficinas, y una zona subterránea para la bodega.
El edificio de Chío, en Guía de Isora, también pasará a Medio Natural, aunque necesita un proyecto más complejo. Anteriormente, se había considerado usarlo como Centro de Visitantes del Parque Nacional del Teide.
El borrador del Plan Rector de Uso y Gestión del parque nacional menciona este lugar como una posible base para aparcamientos y punto de partida de autobuses lanzadera. Se podría habilitar un aparcamiento disuasorio para acceder al parque, pero primero se debe definir un plan de movilidad.
La bodega de Guía de Isora, en el paraje de Cherevique, tiene 445 metros cuadrados y consta de dos edificios para oficinas, exposición y la bodega. También dispone de zonas de aparcamiento y otros servicios.
Una parte de las instalaciones centrales de Bodegas Insulares en Tacoronte pasará a ser gestionada por el área de Sector Primario a partir del 2 de diciembre. El consejero Valentín González espera a que finalice el proceso de desvinculación del Cabildo de Bodegas Insulares.
Una vez completado el proceso, el área de Sector Primario dispondrá de la antigua destilería de Tacoronte y terrenos cedidos por el ayuntamiento, que podrían albergar infraestructuras relacionadas con el sector vitivinícola de Tenerife.
El Cabildo decidió en junio dejar Bodegas Insulares de Tenerife (Bitsa) para eliminar el modelo público-privado y evitar una posible sanción de la Unión Europea. Bruselas había advertido al Gobierno de España sobre una posible multa por competencia desleal. El Cabildo deja la empresa porque ya no es necesario tutelar al sector, pero la razón principal es el informe de la Comisión Europea sobre posible ayuda pública ilegal.
Bodegas Insulares, que agrupa a unos 600 productores, se dedica a la elaboración, embotellado y venta de vino de la comarca Tacoronte-Acentejo y continuará su actividad. La salida del Cabildo de la empresa contó con el apoyo del gobierno insular (CC, PP y Vox) y ocho votos en contra (PSOE).
La salida del Cabildo del consejo de administración de Bodegas Insulares de Tenerife SA (Bitsa) evita que la empresa pague al Cabildo, y este a la Unión Europea, al menos 13 millones de euros. Esta cifra es una estimación baja de lo que podría haber costado este litigio a las arcas públicas.
Esta cifra la proporciona Francisco Doblas, abogado de la Asociación de Viticultores y Bodegueros de Canarias (Avibo), que denunció en 2014 la participación del Cabildo en Bitsa ante la UE por competencia desleal y ayudas de Estado ilegales. Doblas solo incluye la devolución de ayudas indebidas, pero podrían sumarse multas si el litigio hubiera continuado.
Otras fuentes estiman que la cantidad podría triplicarse, llegando a casi 40 millones de euros sin intereses. Esto se debe al expediente abierto por la Comisión Europea por incumplimiento del Cabildo en materia de competencia. La Comisión Europea ya había calificado en 2018 el apoyo público a Bitsa como "ilegal" e "incompatible" con las reglas de competencia, bajo mandatos anteriores de CC, PSOE y PP.