El triple asesino de Piedra Hincada utiliza redes sociales desde prisión para hostigar a la familia de sus víctimas
La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha ordenado retirar las publicaciones en redes sociales realizadas desde prisión por José Antonio Gomes Soares, condenado por el triple asesinato de su familia en 2013, al considerar que su actividad digital supone una forma de victimización secundaria hacia las supervivientes.
La reciente revelación sobre la actividad digital de José Antonio Gomes Soares desde el centro penitenciario donde cumple condena ha vuelto a poner el foco en un caso que conmocionó a la sociedad tinerfeña en 2013. Tal y como recoge la documentación judicial y los informes sobre el proceso, el recluso, condenado por el triple asesinato de su suegro, su suegra y su hijo de cuatro años en Piedra Hincada, utilizó redes sociales para publicar imágenes junto al menor, un hecho que ha sido calificado por la acusación como una forma de victimización secundaria y una manipulación aberrante de la realidad.
El origen de este episodio se remonta a la tarde del 13 de marzo de 2013, fecha en la que el agresor perpetró el ataque en el domicilio familiar. Tras un historial de violencia psicológica y amenazas previas hacia su expareja, Mónica Mendoza, el condenado acabó con la vida de los tres familiares mediante el uso de un arma blanca. La brutalidad de los hechos, que incluyó el ensañamiento con el menor, fue ratificada por el jurado popular en mayo de 2015, resultando en una sentencia de 69 años de prisión por tres delitos de asesinato con las agravantes de alevosía, parentesco y ensañamiento.
El caso, que se dirimió en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, dejó al descubierto las fallas en la protección de la víctima, quien había buscado refugio en casa de sus padres tras abandonar la convivencia con el agresor en 2012. A pesar de la orden de alejamiento y la prohibición de comunicación impuesta en la sentencia, el uso de dispositivos con acceso a internet desde la cárcel permitió al reo vulnerar el bienestar emocional de las supervivientes. Ante la denuncia presentada en 2022 por la representación legal de la familia, la Audiencia Provincial ordenó la retirada de los contenidos y la incautación de cualquier terminal que permitiera al condenado mantener presencia en la red.
Este suceso subraya una problemática recurrente en el ámbito penitenciario: la dificultad de garantizar el aislamiento comunicativo efectivo en la era digital. La Fiscalía, al valorar la gravedad de las publicaciones, coincidió en que el acto constituía una vía indirecta de hostigamiento hacia los familiares de las víctimas. La sentencia original, además de la pena privativa de libertad, incluía una indemnización económica de 430.000 euros y una medida de alejamiento de cinco años tras el cumplimiento de la condena, disposiciones que ahora se ven empañadas por este uso indebido de la tecnología por parte del recluso.