El Cabildo de Tenerife restringirá el acceso al Teide para reducir a la mitad la afluencia de visitantes en 2027
El Cabildo de Tenerife asume la gestión del Parque Nacional del Teide con un plan estratégico que busca reducir a la mitad la afluencia de visitantes mediante la restricción del vehículo privado, la implementación de guaguas lanzaderas y el refuerzo de la vigilancia ambiental para 2027.
La gestión del Parque Nacional del Teide entra en una fase de transformación estructural tras la reciente transferencia de competencias del Gobierno de Canarias al Cabildo de Tenerife. Tal y como ha trascendido, la corporación insular asume el mando directo con el propósito de mitigar la presión antrópica sobre el ecosistema volcánico, marcándose como meta operativa una reducción del 50% en la afluencia actual. Este cambio de paradigma busca emular la gobernanza de espacios naturales de referencia internacional, como Yellowstone o Yosemite, donde la restricción del tráfico privado y la gestión de flujos de visitantes son la norma para garantizar la preservación del patrimonio natural.
El eje vertebrador de esta nueva política es la movilidad. A partir de 2027, el Cabildo implementará un sistema de transporte público mediante guaguas lanzaderas que conectarán los principales núcleos poblacionales de la isla —Puerto de la Cruz, La Laguna, Costa Adeje y Puerto Santiago— con el parque, con una cadencia de veinte minutos y capacidad para un millón de usuarios anuales. Mientras que los residentes en Tenerife disfrutarán de gratuidad en este servicio, los visitantes externos deberán sufragar una tarifa. Paralelamente, se habilitará una ruta circular interna entre el centro de visitantes y los Roques de García para desincentivar el uso del vehículo particular dentro del enclave.
La estrategia de control de acceso se verá reforzada por una reconfiguración jurídica de la carretera TF-21, en el tramo comprendido entre El Portillo y Boca Tauce. Al dejar de ser considerada una vía insular convencional, el Cabildo adquiere potestad para aplicar un régimen sancionador más estricto, incluyendo la retirada de vehículos mal estacionados y la implementación de controles de tráfico. A finales de 2026, se activará un sistema de reserva previa para un cupo limitado de 500 plazas de aparcamiento, complementado con controles de acceso en los puntos de entrada de La Esperanza, La Orotava y Vilaflor-Chío.
Esta reordenación también afectará a los vehículos de alquiler y a las caravanas de quads o todoterrenos, cuya presencia será progresivamente limitada, mientras se estudia la aplicación de una ecotasa. Asimismo, los miradores de mayor afluencia, como Chipeque o Minas de San José, contarán con sistemas de control de aforo a partir del verano de 2026.
En el plano operativo, el despliegue de vigilancia ambiental experimentará un incremento notable, pasando a contar con 74 agentes de medio ambiente en 2027, lo que supone multiplicar por seis la plantilla actual. Este refuerzo se alinea con el programa de conservación 2026-2028, dotado con 1,68 millones de euros, que priorizará la restauración ecológica, el control de especies invasoras y el seguimiento científico mediante el uso de drones y análisis genéticos. Con estas medidas, el Cabildo pretende equilibrar el uso público del parque con la protección de su biodiversidad, consolidando un modelo de gestión que, apoyado en la vigilancia permanente iniciada en 2024, busca reducir la siniestralidad y el impacto ambiental en el enclave más emblemático de la geografía canaria.