Polémica en Tenerife por la seguridad privada en el Teide.

La decisión del Cabildo de Tenerife de externalizar la vigilancia del Parque Nacional del Teide mediante un contrato de seguridad privada, valorado en casi 5,8 millones de euros para los próximos cinco años, ha generado una significativa controversia política y social en la isla. Según ha trascendido, el Grupo Socialista en la corporación insular ha manifestado su rotundo rechazo a esta medida, acusando a la presidenta insular, Rosa Dávila, de priorizar intereses privados en la gestión de un espacio natural de valor incalculable.

La oposición, a través de su portavoz Aarón Afonso, argumenta que esta contratación se enmarca en una estrategia más amplia de privatización de servicios públicos por parte de la coalición gobernante (CC y PP), tanto en el Cabildo como en el Gobierno regional. Los socialistas critican que se opte por la seguridad privada cuando existen listas de reserva de agentes de medio ambiente, personal público cualificado para estas funciones, y un proceso selectivo en curso que ya ha superado las pruebas teóricas con más de 200 aspirantes. Consideran que esta elección desconsidera el esfuerzo de quienes buscan empleo público y ha provocado un rechazo generalizado entre las organizaciones sindicales, incluidas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y las policías locales. Proponen, en su lugar, cubrir las vacantes con recursos públicos o mediante programas temporales de interinos.

Por su parte, Blanca Pérez, consejera insular de Medio Natural, ha defendido la medida, explicando que los guardas rurales contratados actúan como "auxiliares" y no sustituyen a los agentes de medio ambiente. Pérez ha señalado que estos efectivos, que comenzaron a operar en el parque en octubre del año pasado tras la implementación de nuevas regulaciones de acceso, son esenciales para garantizar la seguridad y la protección del espacio, especialmente en horario vespertino, cuando la cobertura de personal público era insuficiente. La consejera ha aclarado que, si bien carecen de capacidad sancionadora y deben alertar a la Guardia Civil en caso de infracción, su labor es crucial para la aplicación de la normativa. Atribuye la necesidad de esta medida a la falta de transferencia completa de competencias en la gestión del parque hasta principios de este año, lo que impedía aumentar la plantilla propia, y a la particularidad de que el Cabildo no dispone de un cuerpo policial propio.

No obstante, Jaime Coello, director de la Fundación Telesforo Bravo-Juan Coello, ha expresado su preocupación por la idoneidad de que agentes de seguridad privada asuman funciones de vigilancia en un parque nacional. Coello considera que su rol sería más apropiado en centros de visitantes o museos, pero no en tareas de control directo que, a su juicio, corresponden exclusivamente a agentes de medio ambiente y fuerzas policiales. Ha cuestionado la eficiencia del gasto público, sugiriendo que los fondos podrían destinarse a la creación de más plazas de personal público, y ha subrayado la limitación de los guardas privados para actuar ante infracciones administrativas, requiriendo siempre la intervención de un agente de la autoridad.

La polémica pone de manifiesto el debate sobre el modelo de gestión y protección de los espacios naturales protegidos en España, confrontando la necesidad operativa con los principios de la función pública y la naturaleza de las competencias de vigilancia y sanción en entornos de alto valor ecológico y afluencia de visitantes.