La parálisis judicial en el sur de Tenerife lastra la economía y la seguridad jurídica de la comarca

La parálisis judicial en el sur de Tenerife ha dejado de ser una queja sectorial para convertirse en un lastre estructural que compromete el desarrollo económico y la seguridad jurídica de una de las zonas con mayor dinamismo demográfico de Canarias. Tal y como ha denunciado recientemente el Círculo de Empresarios y Profesionales del Sur de Tenerife (CEST), la actual configuración de los órganos judiciales en la comarca es incapaz de absorber el volumen de trabajo, una situación que, según los datos del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), se ha agravado progresivamente.

El diagnóstico del TSJC sitúa al Archipiélago a la cabeza de la litigiosidad nacional, con una media de 212,51 pleitos por cada millar de habitantes. En este contexto, los juzgados de Arona y Granadilla de Abona actúan como termómetros de una saturación crítica: el primero ha visto elevar su carga de trabajo hasta los 29.555 procedimientos, un 8,06% más que en el ejercicio anterior, mientras que el segundo ha experimentado un incremento del 7,41%, sumando 11.804 expedientes. Para el tejido empresarial, esta acumulación de causas no es solo un problema administrativo, sino un factor de desincentivo para la inversión y un foco de incertidumbre para autónomos y trabajadores.

Más allá de las cifras, el estado de las infraestructuras añade una capa de precariedad al servicio público. La sede judicial de Granadilla de Abona ha sido señalada por el propio TSJC como una instalación obsoleta, carente de la funcionalidad necesaria y con deficiencias críticas en materia de seguridad, al no disponer de un plan de evacuación homologado. Esta realidad contraviene los estándares mínimos exigibles para un servicio esencial, dificultando la labor de los operadores jurídicos y la atención a los ciudadanos.

Ante este escenario, el presidente del CEST, Javier Cabrera, ha instado a las administraciones competentes a abandonar la gestión de parches y apostar por una reordenación de calado. La propuesta que cobra más fuerza, respaldada tanto por el alto tribunal canario como por los profesionales del sector, es la reunificación de los juzgados de Arona y Granadilla. Esta medida se plantea como la única vía técnica para optimizar los recursos humanos y materiales disponibles, permitiendo una gestión más ágil que responda a la realidad socioeconómica de una comarca cuya dependencia del sector servicios —históricamente más propenso a la conflictividad judicial— exige una respuesta institucional a la altura de su peso en el PIB regional.