El Gobierno de Canarias impone la construcción de una planta fotovoltaica en Arona frente al rechazo municipal
El inicio de las obras de la planta fotovoltaica Llano de los Bebederos en Arona, impulsada por el Gobierno de Canarias tras declarar el proyecto de interés general, ha reavivado el conflicto competencial con el Ayuntamiento por la ocupación de suelo rústico.
La tensión entre la transición energética y la autonomía municipal ha vuelto a ponerse de manifiesto en el sur de Tenerife. Tal y como ha informado Diario de Avisos, el inicio de las obras en el paraje de El Verodal, en el municipio de Arona, marca el comienzo de la construcción de la planta fotovoltaica Llano de los Bebederos I, un proyecto que ha logrado sortear el bloqueo administrativo local gracias a la intervención directa del Ejecutivo autonómico.
La infraestructura, impulsada por DISA Energía Renovables, cuenta con una inversión de 2,56 millones de euros y está diseñada para albergar 8.610 módulos bifaciales, además de quince inversores y una infraestructura de transformación destinada a verter la electricidad generada a la subestación de Chayofa. La ubicación elegida, un suelo rústico común próximo al Hospital del Sur y a los núcleos poblacionales de Chayofa y Tinguafaya, ha sido el epicentro de un conflicto competencial que pone a prueba los límites de la Ley del Suelo de Canarias.
El Gobierno regional habilitó la ejecución de esta obra mediante el Decreto 101/2026, de 1 de junio, al declarar el proyecto de interés general. Esta figura jurídica permite a la administración autonómica prevalecer sobre la planificación urbanística local, un punto que ha generado un rechazo frontal por parte del Ayuntamiento de Arona. El consistorio, que ya manifestó su disconformidad en marzo de 2025, sostiene que la instalación contraviene las directrices de su Plan General de Ordenación (PGO). Tanto la alcaldesa, Fátima Lemes, como el responsable de Urbanismo, Javier Baute, han expresado su preocupación por la ocupación de terrenos que consideran estratégicos para el desarrollo futuro del municipio, insistiendo en que la implantación de energías limpias no debería eximir del cumplimiento de la normativa de ordenación territorial vigente.
Por su parte, la promotora defiende la viabilidad del proyecto argumentando la obsolescencia del uso agrícola de estas parcelas, las cuales, según la compañía, permanecen inactivas desde hace tres décadas. Asimismo, DISA ha subrayado que el diseño de la planta garantiza una distancia superior a los 220 metros respecto a las zonas residenciales, minimizando así el impacto de las labores de construcción sobre el entorno habitado.
Este caso refleja una problemática recurrente en el archipiélago: la dificultad de armonizar la urgencia de los objetivos de descarbonización con la preservación de la soberanía urbanística de los ayuntamientos. Mientras la maquinaria pesada ya opera sobre el terreno, el debate sobre el encaje legal de estas instalaciones en suelos no específicamente destinados a usos industriales sigue abierto, evidenciando la fricción entre la planificación estratégica regional y la gestión del territorio a escala local.