Tenerife impulsa la desinstitucionalización de los cuidados con un nuevo modelo de viviendas supervisadas
El Cabildo de Tenerife impulsa la desinstitucionalización de los cuidados sociosanitarios mediante la creación de viviendas supervisadas que fomentan la autonomía de personas con discapacidad y trastornos mentales en entornos comunitarios.
La transición hacia un modelo de cuidados desinstitucionalizados en España ha encontrado en Tenerife un caso de estudio relevante. Tal y como recoge la información publicada recientemente sobre la red de recursos sociosanitarios en la isla, el Cabildo tinerfeño, en colaboración con el tercer sector, está impulsando una estrategia que prioriza la autonomía personal frente a las grandes residencias tradicionales, una tendencia alineada con las directrices de la Unión Europea para la atención a la salud mental y la discapacidad.
El ejemplo más reciente de esta transformación es la vivienda supervisada denominada La Magnolia, situada en Los Realejos. Este recurso, gestionado por la asociación AFES Salud Mental, acoge actualmente a seis mujeres con trastornos mentales graves. La iniciativa, que ha permitido recuperar un inmueble que permaneció inactivo durante una década, se enmarca en una red insular que ya suma 12 viviendas y 65 plazas, permitiendo que los usuarios residan en entornos comunitarios integrados, con acceso a servicios públicos y una mayor capacidad de autogestión en su vida cotidiana.
El cambio de paradigma es notable si se observa la escala de las instalaciones. Mientras que el modelo residencial convencional suele agrupar a más de veinte personas, estos hogares limitan su capacidad a grupos reducidos, facilitando un acompañamiento más estrecho. No obstante, la demanda sigue superando a la oferta. A pesar de que el convenio de cooperación entre el Gobierno autonómico, el Cabildo y las entidades sociales ha elevado la capacidad total de atención a 1.095 plazas —frente a las 990 del ejercicio anterior—, las listas de espera persisten. Según los datos de la entidad gestora, solo en el último año se han incorporado quince plazas, una cifra insuficiente ante la realidad de las 32.000 personas con discapacidad que, a nivel nacional, permanecen institucionalizadas por falta de alternativas de apoyo comunitario.
La supervisión de este proyecto, que contó con la presencia de la consejera insular de Acción Social, Águeda Fumero, y representantes municipales, subraya la importancia de la ubicación de estos recursos. La proximidad a centros urbanos y la conectividad son requisitos fundamentales para que el alojamiento no sea un fin en sí mismo, sino un paso transitorio hacia la plena independencia. Esta filosofía de trabajo, compartida por otras organizaciones como Probosco en La Orotava, busca que el usuario no solo reciba cuidados, sino que participe activamente en su entorno, rompiendo con la dinámica de aislamiento que históricamente ha caracterizado a los centros de larga estancia.