Denuncian nuevos vertidos contaminantes en el litoral de Tenerife mientras se disparan los expedientes sancionadores
La difusión de un vídeo sobre vertidos en el litoral de El Rosario reaviva la preocupación por el deficiente estado de las infraestructuras de saneamiento en Tenerife, isla que acumula el 60% de los expedientes sancionadores por contaminación marina en Canarias.
La gestión de las infraestructuras de saneamiento en Tenerife vuelve a estar bajo sospecha tras la difusión de un vídeo en redes sociales que documenta la descarga de fluidos opacos en el entorno marino entre Radazul y La Nea, en el municipio de El Rosario. Tal y como recoge la información difundida recientemente, estas imágenes, captadas el pasado 2 de agosto, han reactivado la preocupación ciudadana sobre el estado de los emisarios submarinos y el impacto ambiental en una zona de alta concurrencia para el baño y la práctica de deportes náuticos.
Este episodio no es un suceso aislado, sino que se enmarca en una problemática estructural que afecta a la isla. Según los datos de la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural (ACPMN), Tenerife concentra el 60% de los expedientes sancionadores abiertos en el archipiélago entre 2024 y 2025, sumando 33 de los 54 procedimientos totales. La gravedad de esta situación se traduce en una carga económica significativa, con más de 174.000 euros en multas impuestas en los últimos dos años debido a irregularidades en los puntos de vertido.
La recurrencia de estas incidencias plantea interrogantes sobre la eficacia de las labores de mantenimiento y la capacidad de las administraciones para garantizar la salubridad del litoral. El deterioro de las conducciones submarinas ya ha provocado cierres preventivos en enclaves como Playa Jardín, en el Puerto de la Cruz, y ha obligado a activar protocolos de emergencia en el pasado en la franja de Bocacangrejo y La Nea ante el riesgo de contaminación.
Aunque la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias mantiene un calendario de analíticas periódicas para supervisar la calidad del agua, diversos colectivos ecologistas han reclamado una mayor agilidad en la respuesta institucional. La exigencia se centra en la necesidad de realizar mediciones extraordinarias e inmediatas cada vez que se detecten anomalías visuales en la columna de agua, con el fin de determinar si el origen del vertido responde a una avería estructural en el emisario o a un fallo operativo en las válvulas. La resolución de estas dudas técnicas resulta indispensable para decidir si es necesario acometer obras de reparación urgentes o implementar restricciones preventivas al baño que salvaguarden la salud pública.