El Cabildo de Tenerife cifra en 33,3 millones los daños de la borrasca Therese y solicitará ayudas estatales
El Cabildo de Tenerife cifra en 33,3 millones de euros los daños causados por la borrasca Therese y solicitará al Gobierno central la declaración de zona gravemente afectada para financiar su recuperación.
La factura económica derivada del reciente episodio meteorológico que azotó Tenerife comienza a tomar forma. Según los datos preliminares facilitados por el Cabildo insular, el impacto de la borrasca Therese se cifra en 33,3 millones de euros, una cuantía que pone a prueba la resiliencia de las infraestructuras y el patrimonio natural de la isla.
Ante este escenario, la administración insular, representada por su presidenta, Rosa Dávila, y el consejero de Presidencia, José Miguel Ruano, ha confirmado su intención de solicitar la activación del mecanismo estatal que otorga la condición de Zona Afectada Gravemente por una Emergencia de Protección Civil. Este marco normativo, regulado por la Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil, permite a las administraciones locales acceder a líneas de ayudas extraordinarias para la reparación de servicios esenciales y la restauración de espacios públicos, siempre que se acredite una perturbación significativa de las condiciones de vida de la población o el colapso de servicios básicos.
El desglose de las pérdidas revela una especial incidencia en la red viaria, que concentra 12,6 millones de euros del total estimado. Esta cifra subraya la vulnerabilidad de la conectividad terrestre en un territorio con una orografía compleja, donde los fenómenos adversos suelen comprometer la movilidad de manera inmediata. La celeridad con la que el Cabildo ha presentado este balance responde a la necesidad de agilizar los trámites administrativos ante el Ejecutivo central.
Desde la institución insular han admitido que la premura en la evaluación impide, por el momento, ofrecer una cifra definitiva, aunque las proyecciones actuales marcan una hoja de ruta clara: el objetivo es obtener, al menos, la mitad de la inversión necesaria a través de las partidas presupuestarias del Estado. La resolución de esta solicitud será determinante para la recuperación de las zonas más castigadas, en un contexto donde la gestión de riesgos climáticos se ha convertido en una prioridad presupuestaria ineludible para las administraciones canarias.