El Cabildo de Tenerife propone otorgar condición de policía administrativa al personal de Titsa para frenar las agresiones
El Cabildo de Tenerife propone otorgar la condición de policía administrativa al personal de Titsa para reforzar la seguridad y mejorar la gestión de conflictos en el transporte público insular.
La seguridad en el transporte público de Tenerife se encamina hacia un cambio de paradigma jurídico. Según ha trascendido recientemente, el Cabildo insular ha formalizado una petición para que el personal de Titsa —incluyendo conductores, inspectores y supervisores— sea investido con la condición de policía administrativa. Esta medida, que cuenta con el respaldo histórico de la representación sindical, busca dotar a los trabajadores de herramientas legales eficaces para gestionar conflictos, agresiones y comportamientos incívicos que, hasta la fecha, han generado una notable sensación de vulnerabilidad en la plantilla.
La propuesta, que será debatida en el próximo pleno insular a instancias de Coalición Canaria y el Partido Popular, no pretende una atribución genérica de autoridad, sino una habilitación técnica y delimitada. El objetivo es que el personal pueda intervenir con respaldo jurídico ante el incumplimiento de las normas de uso del servicio o alteraciones del orden, facilitando la tramitación de denuncias y sanciones. Este paso requiere, necesariamente, que el Gobierno de Canarias acometa una reforma en la Ley de Ordenación del Transporte por Carretera, un marco normativo que ya fue objeto de ajustes en agosto de 2025 para endurecer el régimen sancionador.
El trasfondo de esta iniciativa responde a una realidad operativa compleja. La frecuencia de incidentes —que abarcan desde bloqueos en la vía pública hasta agresiones físicas a trabajadores y usuarios— ha puesto de manifiesto las limitaciones actuales del personal para contener situaciones de riesgo mientras aguardan la llegada de las fuerzas de seguridad. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional, concretamente la sentencia 90/2018, sirve de base legal para este planteamiento, al avalar que el personal de servicios públicos pueda ejercer funciones de vigilancia y control administrativo sin extralimitarse en sus competencias.
Más allá de la potestad sancionadora, el plan contempla una estrategia integral. Se propone que la empresa pública pueda personarse como acusación en procesos penales cuando se produzcan ataques contra su personal, una medida que busca disuadir las conductas violentas que, en ocasiones, son registradas por los propios agresores para su difusión en redes sociales. Asimismo, el Cabildo aboga por una mayor coordinación con los cuerpos policiales para agilizar las intervenciones y por la implementación de programas formativos conjuntos, además de campañas de concienciación ciudadana.
La relevancia de este movimiento radica en la consideración del transporte por carretera como un pilar esencial para la cohesión territorial de la isla. Ante el aumento de la demanda y la presión sobre la red viaria, las autoridades insulares sostienen que garantizar la seguridad y la continuidad del servicio no es solo una cuestión laboral, sino una necesidad pública para asegurar la movilidad de la ciudadanía en un entorno geográfico de especial complejidad.