Polémica en el Cabildo de Tenerife por el acceso de un creador de contenido al centro de emergencias Cecopin
El Cabildo de Tenerife enfrenta críticas políticas y sociales tras confirmarse que el director insular de Seguridad autorizó el acceso de un creador de contenido al centro de emergencias Cecopin durante la borrasca Therese, evidenciando la falta de protocolos de seguridad.
La gestión de las emergencias en Tenerife ha quedado bajo el foco de la crítica política y social tras confirmarse una brecha en la seguridad del Centro de Coordinación Operativa Insular (Cecopin). Tal y como ha trascendido a través de las informaciones publicadas por la prensa local, la institución insular carece actualmente de un protocolo de acceso formalizado para sus instalaciones estratégicas, una carencia que ha quedado expuesta tras la presencia de un creador de contenido digital en el centro durante el episodio de inestabilidad meteorológica provocado por la borrasca Therese.
Iván Martín, director insular de Seguridad y Emergencias, ha asumido la responsabilidad directa de haber autorizado la entrada de esta persona al recinto, ubicado en el Pabellón Santiago Martín. El responsable insular ha pedido disculpas públicas, calificando el suceso como un error de criterio, aunque ha defendido que la intención de la medida era ampliar el alcance informativo de la institución durante un periodo de relativa calma operativa. Según Martín, el individuo permaneció bajo supervisión y no tuvo acceso a datos sensibles, limitándose la retransmisión a recursos de consulta pública.
Este episodio ha puesto de manifiesto una vulnerabilidad operativa que, según el propio Cabildo, lleva dos años en proceso de revisión con el objetivo de alcanzar una certificación de seguridad oficial. La disparidad entre este objetivo de excelencia y la realidad de los hechos ha provocado una reacción inmediata en la oposición. Tanto el Grupo Socialista como Nueva Canarias-Bloque Canarista han solicitado explicaciones formales a la presidenta insular, Rosa Dávila, cuestionando los criterios de acceso y la posible interferencia en la labor de los técnicos. Por su parte, Izquierda Unida Canaria ha ido un paso más allá, reclamando la dimisión de la consejera del área, Blanca Pérez.
El malestar también se ha extendido al ámbito profesional. La permisividad mostrada hacia el creador de contenido, a quien se le permitió una retransmisión prolongada, contrasta con las restricciones habituales que enfrentan los medios de comunicación acreditados, a quienes se les limita el acceso a imágenes generales y de corta duración. Esta diferencia de trato ha generado un debate sobre la profesionalización de la comunicación institucional en situaciones críticas, donde la seguridad de la información y la neutralidad de los dispositivos de emergencia deberían prevalecer sobre cualquier estrategia de difusión digital.
La ausencia de un marco normativo claro para el control de accesos y la gestión de imágenes en el Cecopin no solo ha comprometido la imagen de la Corporación, sino que ha abierto una crisis de confianza sobre la protección de datos sensibles. Mientras el Cabildo asegura que este incidente servirá para acelerar la implementación de los protocolos de seguridad pendientes, la oposición ha anunciado que llevará el caso al próximo pleno, exigiendo que se depuren responsabilidades por lo que consideran una quiebra en el rigor que debe regir cualquier dispositivo de protección civil.