Desarticulada en Tenerife una presunta secta que operaba bajo rituales de santería
La desarticulación de una presunta secta en Tenerife, que operaba bajo la fachada de rituales de santería, ha destapado una compleja red de manipulación coercitiva, estafas y falsificación documental liderada por un cabecilla que controlaba incluso los aspectos más íntimos de la vida de sus adeptos.
El control absoluto sobre la cotidianidad de los adeptos, que llegaba a extremos como la prohibición de vestir prendas de color rojo —llevando a un seguidor a renunciar a su puesto de socorrista por el uniforme reglamentario—, constituye uno de los ejes centrales de la investigación que mantiene bajo lupa a una presunta secta desarticulada en Tenerife. Tal y como ha trascendido a través de las diligencias judiciales y las informaciones publicadas recientemente, la organización operaba bajo la fachada de rituales de santería para encubrir una estructura delictiva de gran complejidad.
El caso, que se encuentra en fase de instrucción, ha puesto de manifiesto la capacidad de manipulación ejercida por el cabecilla del grupo, José Alfredo C.C. Según apunta Félix Ríos, criminólogo y representante de la acusación popular, el líder no solo dictaba normas estéticas, sino que interfería en decisiones vitales de sus seguidores, llegando a instar a padres a desescolarizar a sus hijos o a rechazar tratamientos médicos, como las vacunas. Esta influencia coercitiva es, precisamente, el punto que más preocupa a los investigadores, quienes temen que, tras la reciente puesta en libertad con cargos del principal encausado, este pueda intentar retomar la captación de nuevos miembros para sufragar los costes de su defensa legal.
La operación, ejecutada el pasado diciembre por la Brigada Provincial de Información, culminó con cinco detenciones: cuatro en La Esperanza (Tenerife) y una quinta en Las Palmas de Gran Canaria. A los implicados se les investiga por un catálogo de delitos que incluye estafa, maltrato animal, lesiones, falsedad documental, asociación ilícita y delitos contra la salud pública. En el caso del detenido en Gran Canaria, aunque este ha negado cualquier vinculación con la trama, las pruebas documentales —incluyendo fotografías donde aparece con vestimenta ritual junto al líder— contradicen su versión, manteniendo su estatus de investigado.
El análisis forense de los dispositivos electrónicos incautados durante los registros, junto con una auditoría económica exhaustiva que coordina la Comisaría General de Información desde Madrid, resulta clave para esclarecer el flujo de capitales. Los investigadores examinan tanto las cuentas bancarias oficiales como los ingresos recibidos a través de plataformas digitales como Bizum, donde se detectaron aportaciones que superaban los límites habituales. Asimismo, se está analizando documentación manuscrita que detalla donaciones de personas en situación de vulnerabilidad, captadas bajo la promesa de realizar rituales.
Un aspecto relevante de la causa es la presunta falsificación de diplomas avalados supuestamente por la Unesco. Tras las consultas realizadas por la policía, se ha confirmado que dicho organismo internacional no emite certificaciones sobre santería, desmintiendo la validez de los documentos que la organización entregaba a sus adeptos a cambio de importantes sumas de dinero. Desde la acusación popular se subraya que el procedimiento judicial no cuestiona la práctica de la santería como religión afrocubana, sino que se centra exclusivamente en el uso fraudulento de esta fe como herramienta para la comisión de ilícitos penales.