Denuncian ocho semanas sin intérprete de lengua de signos en un colegio de Tenerife
El sindicato CCOO ha denunciado que el CEIP San Fernando, en Tenerife, lleva ocho semanas sin intérprete de lengua de signos, afectando a una docente con discapacidad auditiva y provocando movilizaciones de las familias ante la inacción de la Consejería de Educación.
La brecha entre la retórica institucional sobre la inclusión educativa y la realidad operativa en las aulas canarias ha quedado evidenciada tras la denuncia pública realizada por el sindicato Comisiones Obreras (CCOO). Según los datos facilitados por la organización sindical, el CEIP San Fernando, ubicado en el municipio tinerfeño de Santa Úrsula, acumula ya ocho semanas sin contar con el servicio de interpretación en lengua de signos necesario para el desempeño profesional de una docente con discapacidad auditiva y para el correcto seguimiento académico de su alumnado.
Esta carencia de recursos humanos ha derivado en una movilización ciudadana, con una concentración convocada por las familias para este jueves, ante la falta de soluciones por parte de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias. El sindicato sostiene que la ausencia de este apoyo técnico no solo vulnera el derecho a la igualdad de condiciones de la trabajadora, sino que compromete directamente la calidad pedagógica y la accesibilidad del sistema público.
Desde una perspectiva de derechos fundamentales, este caso pone de relieve las dificultades estructurales que enfrentan los centros educativos para materializar los principios de equidad. La normativa vigente, tanto a nivel autonómico como estatal, obliga a las administraciones a proveer los ajustes razonables necesarios para garantizar que el personal docente con discapacidad pueda ejercer su labor en condiciones de normalidad. Sin embargo, la situación en Santa Úrsula es, a juicio de CCOO, un síntoma de una problemática sistémica que trasciende este centro específico.
La organización sindical ha subrayado que la gestión administrativa no puede limitarse a una declaración de intenciones sobre la inclusión si no se acompaña de una dotación de apoyos estables y eficaces. La protesta de la comunidad educativa del CEIP San Fernando se erige, por tanto, como una demanda de cumplimiento de las obligaciones de servicio público, exigiendo que la administración autonómica garantice los recursos indispensables para que la inclusión deje de ser un concepto teórico y se convierta en una práctica cotidiana en el entorno escolar.