El proyecto eólico marino «Primavera» en Tenerife reabre el debate sobre la ordenación del litoral y la participación local
El proyecto eólico marino «Primavera» en el sureste de Tenerife enfrenta el rechazo institucional del municipio de Arico, que cuestiona su impacto ambiental y la falta de diálogo en la tramitación de esta infraestructura de 11 megavatios.
La tramitación del proyecto eólico marino «Primavera», cuya información pública fue publicada en el Boletín Oficial del Estado el pasado 27 de febrero, ha reabierto el debate sobre la ordenación del litoral en el sureste de Tenerife. Tal y como recoge la prensa local, la iniciativa, impulsada por la mercantil Primavera Offshore Wind, SL, se enfrenta a una oposición institucional liderada por la formación Arico Somos Todos, que cuestiona tanto el modelo de implantación como la falta de interlocución con los municipios afectados por la infraestructura.
El plan, presupuestado en 40 millones de euros, contempla la instalación de una unidad experimental de tecnología W2Power en aguas bajo jurisdicción del puerto de Granadilla. Esta infraestructura, que requiere una concesión de 1.500 metros cuadrados de dominio público portuario, integraría dos turbinas de 5,5 megavatios cada una, sumando una potencia total de 11 megavatios. Según la memoria técnica del proyecto, el objetivo es suministrar electricidad a unos 19.000 hogares mediante una línea de evacuación submarina y terrestre de 20 kilovoltios, conectada a la red eléctrica del entorno industrial del sur de la isla.
Desde la perspectiva municipal, el portavoz de Arico Somos Todos, José Luis Hervella, ha manifestado su disconformidad con el procedimiento administrativo, al considerar que se ha omitido un diálogo real con las administraciones locales. El grupo político sostiene que, aunque el parque no se ubica frente a su costa, la zona de influencia proyectada compromete la integridad del litoral de Arico. Entre las preocupaciones expuestas figuran la alteración de los ecosistemas marinos, los efectos sobre la pesca artesanal y la modificación de un paisaje que consideran un activo estratégico para el municipio.
Este conflicto pone de manifiesto una tensión recurrente en la transición energética española: la colisión entre los objetivos de descarbonización —que buscan aprovechar el potencial eólico marino— y la preservación de los usos tradicionales del territorio. Los críticos con el proyecto argumentan que el sureste de la isla ya soporta una carga acumulada de infraestructuras energéticas, por lo que instan a las autoridades competentes, específicamente a la Dirección General de Política Energética y Minas y a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, a explorar alternativas. Entre las propuestas planteadas por el grupo municipal se encuentran el impulso al autoconsumo, la instalación de paneles en cubiertas urbanas o la repotenciación de parques en suelos industriales ya degradados, evitando así la ocupación de nuevas áreas costeras.
La controversia subraya la necesidad de que los proyectos de energías renovables no solo cumplan con los requisitos técnicos y financieros, sino que integren procesos de participación ciudadana robustos. Mientras la empresa promotora avanza en la solicitud de los permisos necesarios, el Ayuntamiento de Arico se encuentra bajo presión para definir una postura oficial ante una infraestructura que, de materializarse, alteraría significativamente la dinámica socioeconómica y ambiental de su franja costera.