El déficit en la gestión del barranco de Masca reabre el debate sobre la financiación de los espacios naturales en Tenerife
La gestión del barranco de Masca genera controversia política ante la necesidad de que el Cabildo de Tenerife subvencione el 40% de sus costes operativos, reabriendo el debate sobre la sostenibilidad financiera de los modelos de control de afluencia en espacios naturales.
La gestión del barranco de Masca ha vuelto a situar en el centro del debate político la viabilidad financiera de los modelos de control de afluencia en espacios naturales protegidos. Tal y como recoge la información publicada recientemente, el sistema de acceso implementado por el Cabildo de Tenerife ha generado una controversia sobre la naturaleza de los ingresos obtenidos, al revelarse que el erario público insular ha tenido que sufragar el 40% de los costes operativos durante los primeros 17 meses de funcionamiento.
El análisis de las cuentas revela que, de los 1,7 millones de euros que ha supuesto la regulación del enclave, los ingresos directos por el cobro de entradas han cubierto aproximadamente el 60% del gasto. Esta brecha financiera ha motivado que el grupo socialista en la corporación insular cuestione la eficacia del modelo, argumentando que la actual estructura de precios no logra la autosuficiencia económica. La reciente aprobación de un reconocimiento extrajudicial de crédito, destinado a abonar cerca de 100.000 euros adicionales a la empresa pública Tragsa, ha servido de catalizador para que el PSOE denuncie que el mantenimiento de este servicio sigue dependiendo, en una parte significativa, de los presupuestos generales de la isla.
El esquema actual, que limita el aforo a 275 personas diarias de viernes a domingo, establece una diferenciación tarifaria: mientras que los residentes canarios acceden sin coste, los visitantes extranjeros abonan 28 euros y los residentes en Canarias pagan tres euros. Para el portavoz socialista, Aarón Afonso, esta fórmula no constituye una ecotasa, sino un precio privado por un servicio, cuya insuficiencia obliga a que el conjunto de la ciudadanía tinerfeña subsidie el acceso al barranco.
Esta discrepancia de criterios subraya la falta de consenso sobre cómo financiar la presión turística en entornos de alta fragilidad ecológica. Mientras el equipo de gobierno insular defiende la herramienta como un mecanismo eficaz para ordenar el flujo de visitantes y repercutir parte de los costes en los usuarios, la oposición insiste en la necesidad de implementar un impuesto turístico de carácter general. La propuesta socialista aboga por gravar las pernoctaciones de los no residentes en establecimientos alojativos, una medida que, a su juicio, permitiría dotar de fondos suficientes a la conservación del patrimonio natural y a la mejora de las infraestructuras sin comprometer los recursos públicos.
El debate se produce en un contexto donde la gestión de los espacios naturales se ha convertido en una prioridad administrativa, pero también en un desafío presupuestario. Con un coste de gestión proyectado que roza los 1,9 millones de euros para el periodo comprendido entre julio de 2024 y noviembre de 2025, la sostenibilidad del modelo de Masca se mantiene como un punto de fricción política, evidenciando las dificultades para equilibrar la protección del territorio con la financiación de los servicios asociados al turismo.