El laberinto judicial y ambiental frena la central de hidrobombeo en el Valle de Güímar
La construcción de una central de hidrobombeo en el Valle de Güímar, proyectada para cubrir un tercio de la demanda eléctrica de Tenerife, enfrenta una gran incertidumbre debido a un complejo litigio judicial por la reparación del daño ambiental causado por décadas de actividad extractiva.
La transformación del Valle de Güímar en un nodo energético estratégico para Tenerife, mediante la futura central de hidrobombeo, se enfrenta a un complejo laberinto judicial y administrativo que condiciona su viabilidad. Tal y como ha trascendido recientemente, el Ejecutivo autonómico proyecta el inicio de las obras para el próximo año, aprovechando las oquedades resultantes de décadas de actividad extractiva. Sin embargo, este ambicioso plan de infraestructura, que aspira a cubrir un tercio de la demanda eléctrica insular con una capacidad de almacenamiento de 3.200 megavatios hora, está supeditado a la resolución de un litigio histórico por delito ecológico que aún mantiene interrogantes sobre la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo.
El núcleo del conflicto reside en la exigencia de cumplimiento de la resolución judicial que obliga a los empresarios condenados a sufragar 185 millones de euros destinados a la reparación del daño ambiental. Esta cifra, aunque significativa, se sitúa muy por debajo de las valoraciones técnicas previas, como la del Consejo Insular de Aguas de Tenerife, que en 2016 estimó en 345 millones el coste necesario para el restablecimiento del drenaje territorial y la recuperación del espacio. La gestión de este capital es, a ojos de la acusación particular, un paso previo e ineludible para cualquier intervención en los terrenos, los cuales permanecen bajo titularidad de los infractores.
La Consejería de Transición Ecológica y Energía, bajo la dirección de Mariano Hernández Zapata, ha encomendado a la empresa pública Gesplan el diseño de un plan de recuperación ambiental que integre la central hidroeléctrica como solución al pasivo ecológico. Esta estrategia busca superar el bloqueo generado tras el rechazo judicial a los planes de restauración presentados por los empresarios, los cuales fueron desestimados por su inviabilidad logística y su impacto negativo en la salud pública y el cambio climático, dado el volumen de transporte de áridos que habrían requerido.
La infraestructura, cuya ejecución se estima en un horizonte de una década, representa una inversión superior a los mil millones de euros. No obstante, la incertidumbre persiste tanto en el ámbito jurídico —por la falta de transparencia sobre el estado de la recaudación de las multas— como en el técnico, ante la ausencia de un proyecto definitivo y las dudas sobre la operatividad del sistema de salto de agua. Mientras el Ayuntamiento de Güímar observa con cautela la posible reordenación de sus barrancos, el caso se mantiene como un exponente de la dificultad para restaurar el equilibrio ecológico tras años de explotación industrial desmedida, un proceso que comenzó a judicializarse en 2005 y que, tras dos décadas, sigue sin cerrar el capítulo de la responsabilidad civil y la reparación efectiva del territorio.