Bajo La Cuesta: una década de fractura, abandono y lucha vecinal en Candelaria
El barrio tinerfeño de Bajo La Cuesta permanece fracturado y en un limbo administrativo tras una década de restricciones por riesgo geológico, mientras los vecinos residentes denuncian el abandono institucional y la falta de soluciones para recuperar la zona clausurada.
La situación en el barrio de Bajo La Cuesta, en el municipio tinerfeño de Candelaria, ejemplifica la compleja intersección entre la seguridad geológica, la gestión administrativa y el derecho a la vivienda. Tal y como recoge una reciente información publicada por El Día, este enclave costero permanece fracturado desde hace casi una década, cuando una orden de desalojo motivada por riesgos de desprendimientos en el talud superior —coronado por la autopista del Sur— forzó la salida de gran parte de sus residentes.
A pesar de que el paso del tiempo ha permitido que una parte de las familias retorne a sus hogares, tras la intervención de una entidad privada que ejecutó obras de consolidación en la ladera, trece familias mantienen su residencia permanente en la zona accesible. Sin embargo, la división física del barrio persiste mediante una valla metálica que delimita el área clausurada. Esta barrera, lejos de garantizar la integridad de las viviendas abandonadas, se ha convertido en un punto crítico donde la falta de vigilancia ha facilitado episodios de intrusismo y deterioro patrimonial.
El conflicto trasciende la mera cuestión técnica de la estabilidad del terreno. Las vecinas que aún habitan el sector operativo denuncian una disparidad en la atención institucional, comparando la desatención que sufre su entorno con las inversiones en infraestructuras litorales realizadas en núcleos cercanos como Caletillas o Punta Larga. La percepción de un posible interés administrativo en el vaciado progresivo de este asentamiento se ve alimentada por la supresión de servicios básicos, como sucursales bancarias y farmacias, que antaño vertebraban la vida cotidiana del barrio.
Desde una perspectiva jurídica y social, el caso de Bajo La Cuesta pone de relieve la indefensión de los propietarios afectados. La fragmentación de la asociación vecinal original y la falta de una hoja de ruta clara por parte de las administraciones públicas han dejado a los residentes en un limbo donde la autogestión es la única herramienta para preservar la habitabilidad del lugar. Mientras las familias que permanecen en el sector abierto continúan reclamando una solución integral que permita la rehabilitación del área restringida y el retorno de los vecinos desplazados, la naturaleza y el entorno marino siguen siendo el único activo constante de un barrio que, pese a la precariedad de su situación, se resiste a desaparecer.