Güímar permite el retorno de los vecinos a las casas-cueva de Las Bajas tras cinco años de desalojo
El Ayuntamiento de Güímar permite el retorno de los residentes a las casas-cueva de Las Bajas tras cinco años de desalojo, condicionado a un protocolo de vigilancia constante ante el riesgo geológico residual.
La reapertura del acceso a Las Bajas, un enclave costero caracterizado por sus viviendas excavadas en la roca en el municipio tinerfeño de Güímar, marca un punto de inflexión en una crisis administrativa y habitacional que se ha prolongado durante un lustro. Tal y como recoge la información publicada por diversos medios locales, la alcaldesa Carmen Luisa Castro ha decretado el levantamiento condicionado del precinto que impedía el tránsito por este sendero, permitiendo así que la veintena de residentes desalojados en 2021 puedan retornar a sus hogares.
Esta decisión, que pone fin a una etapa de incertidumbre para los vecinos, se fundamenta en un dictamen técnico reciente. El documento, elaborado por un ingeniero industrial, avala la reapertura bajo la premisa de que el peligro no ha desaparecido por completo. El informe subraya la existencia de un riesgo residual derivado de la propia geología del terreno, lo que obliga al Consistorio a establecer un protocolo de vigilancia constante y a mantener las infraestructuras de protección existentes.
El conflicto, que ha sido un eje central en la política municipal reciente —incluyendo su papel en la moción de censura que permitió el regreso de Castro a la Alcaldía en agosto de 2025—, tiene su origen en diciembre de 2020. En aquel momento, las autoridades locales detectaron una inestabilidad significativa en el talud que protege la zona. La orden de desalojo, ejecutada en marzo de 2021 bajo el mandato de Airam Puerta, se planteó inicialmente como una medida temporal de cuatro meses para acometer obras de refuerzo.
Sin embargo, la gestión de esta emergencia derivó en un complejo litigio económico y administrativo. El presupuesto inicial de las obras, fijado en 342.865 euros, se disparó hasta superar el millón de euros tras una revisión de la dirección facultativa, lo que provocó la paralización de los trabajos en agosto de 2021 por orden del entonces alcalde, Gustavo Pérez. La falta de un concurso público para la adjudicación de las obras, justificada en su día por la urgencia, ha derivado en una factura para las arcas públicas que, sumando sentencias judiciales y costes derivados, se estima en unos 750.000 euros, una cifra que duplica las previsiones presupuestarias originales.
Durante estos años, los afectados han enfrentado una situación de vulnerabilidad agravada por la intermitencia en las ayudas al alquiler y las dificultades burocráticas para su tramitación. La resolución actual, aunque permite el retorno a las casas-cueva situadas entre la autopista TF-1 y el litoral, deja patente la fragilidad de un entorno donde la seguridad física y la responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento han colisionado, dejando como lección la dificultad de gestionar emergencias geológicas bajo la presión de la urgencia administrativa.