Alarma social en Chimiche por la reactivación de una cantera junto a un colegio y viviendas
Los vecinos de Chimiche, en Granadilla de Abona, exigen la suspensión de la cantera de Las Cármenes ante el impacto en la salud pública por la dispersión de partículas cerca de viviendas y un centro escolar.
La convivencia entre la actividad extractiva y el bienestar de los residentes en Chimiche, en el municipio tinerfeño de Granadilla de Abona, ha alcanzado un punto crítico. Tal y como ha documentado recientemente el diario El Día, la reactivación de la cantera de jable de Las Cármenes, operativa tras una prórroga administrativa, ha generado una creciente alarma social debido a la dispersión de partículas en suspensión que afectan directamente a las viviendas y al centro educativo CEIP Virgen del Pilar, situado a escasos 50 metros del foco de extracción.
El conflicto, que hunde sus raíces en una concesión minera otorgada originalmente en 1971, pone de manifiesto la tensión entre la seguridad jurídica de las autorizaciones administrativas y el derecho a la salud pública. Mientras que la Dirección General de Industria del Gobierno de Canarias avaló la continuidad de los trabajos —cuya última prórroga se formalizó en 2019 y se materializó en el Boletín Oficial de Canarias en 2023—, los vecinos denuncian una falta de previsión en los estudios de impacto ambiental y sanitario. La preocupación vecinal, canalizada a través de la asociación Vechisur y el AMPA del centro escolar, se centra en la naturaleza del material extraído, una tosca volcánica de grano fino que, según los residentes, está provocando un incremento en las patologías respiratorias de la población infantil y adulta de la zona.
Desde una perspectiva administrativa, el caso ilustra las dificultades de coordinación entre las distintas esferas de gobierno. El Ayuntamiento de Granadilla de Abona, tras mediar en encuentros entre la empresa explotadora y los afectados, ha solicitado formalmente a la Dirección General de Salud Pública del Ejecutivo regional una evaluación técnica sobre la calidad del aire y los riesgos epidemiológicos asociados a la cantera. A pesar de que la actividad ha reducido su intensidad y se han implementado medidas paliativas, como el riego de los áridos, los vecinos consideran estas acciones insuficientes y reclaman una suspensión cautelar hasta que se certifique la inocuidad del entorno.
La situación actual en Chimiche no es un hecho aislado, sino que refleja un debate recurrente en el archipiélago sobre la vigencia de concesiones mineras antiguas que, al reactivarse décadas después, chocan con una realidad urbanística y demográfica transformada. La falta de una respuesta clara por parte de la Dirección General de Industria ante las consultas sobre la seguridad de esta explotación ha motivado que el colectivo vecinal haya convocado una movilización para el próximo 5 de septiembre en San Isidro. El objetivo es claro: exigir que las administraciones asuman su responsabilidad en la protección de la salud de los ciudadanos frente a una actividad que, tras 31 años de inactividad previa, ha vuelto a alterar la cotidianidad de un núcleo poblacional que se siente desprotegido por la normativa vigente.