Crece el rechazo vecinal en Valle de Guerra contra el proyecto de "macroperrera" del Cabildo de Tenerife
Vecinos de Valle de Guerra se movilizan contra el proyecto del Cabildo de Tenerife para construir una macroperrera en la Finca Presas del Campo, denunciando falta de transparencia y saturación de infraestructuras en la zona.
La gestión de las infraestructuras supramunicipales en Tenerife vuelve a situarse en el centro del debate político tras la contestación vecinal generada por el proyecto Tierra Azul. Tal y como recoge la información publicada recientemente, el Cabildo insular ha proyectado un complejo de protección animal en la Finca Presas del Campo, en Valle de Guerra, una iniciativa que ha desencadenado una movilización ciudadana ante la percepción de una planificación opaca y una falta de diálogo institucional.
El núcleo del conflicto reside en la escala de la intervención. El diseño contempla una ocupación de 27.000 metros cuadrados dentro de una parcela de 133.000, con capacidad para albergar a más de un millar de animales —cerca de 680 perros y 400 gatos—. Esta magnitud, calificada por los residentes como una "macroperrera", ha encendido las alarmas en un entorno rural donde la proximidad de las viviendas —situadas, según datos de GRAFCAN, a distancias que oscilan entre los 100 y los 190 metros del perímetro— hace temer un impacto directo en la calidad de vida. Los vecinos señalan riesgos asociados a la contaminación acústica, la gestión de residuos y el incremento del flujo de vehículos, elementos que, a su juicio, no han sido debidamente evaluados ni comunicados por la administración.
Más allá de la oposición específica a este centro, el malestar en Valle de Guerra refleja un fenómeno de saturación territorial. Los residentes denuncian que la zona ha sido elegida de forma recurrente para albergar instalaciones de impacto, citando como precedentes la estación de bombeo de aguas residuales, el depósito de residuos vinculados a la plaga de termitas y la posible futura depuradora. Esta acumulación de servicios públicos en un mismo enclave ha generado una sensación de agravio comparativo y de falta de equilibrio en la planificación insular, un argumento que ya ha sido trasladado al Pleno del Ayuntamiento de La Laguna el pasado 14 de mayo.
La demanda de los afectados no cuestiona la necesidad de políticas de bienestar animal, sino la metodología de implementación. El colectivo insiste en que la participación ciudadana no puede limitarse a una notificación formal cuando el proyecto ya está definido, sino que debe ser un proceso deliberativo previo que incluya alternativas de ubicación y medidas correctoras. La falta de una interlocución directa con el Cabildo, que según los vecinos no ha cumplido con el compromiso de informar sobre los detalles técnicos, ha derivado en una serie de concentraciones y una recogida de firmas que busca paralizar la tramitación hasta que se garantice una transparencia real.
Este escenario pone de relieve la tensión habitual entre la ejecución de equipamientos estratégicos y la salvaguarda de los entornos habitados. La resolución de este conflicto dependerá ahora de la capacidad del Cabildo para integrar las demandas vecinales en el diseño de la Red Insular de Protección Animal, un proyecto que, para ser viable, requiere no solo de solvencia técnica, sino de una legitimidad social que actualmente se encuentra en entredicho en el municipio lagunero.