
El Gobierno inicia la licitación para demoler la antigua cofradía de pescadores de San Andrés
El Ministerio para la Transición Ecológica ha iniciado la licitación para demoler la antigua sede de la cofradía de pescadores de San Andrés en Santa Cruz de Tenerife, una medida que ha generado el rechazo de los vecinos, quienes proponían rehabilitar el inmueble como centro cultural.
La demolición de la antigua sede de la cofradía de pescadores de San Andrés, en Santa Cruz de Tenerife, parece haber entrado en su fase definitiva. Tal y como recoge la información publicada recientemente, el Ministerio para la Transición Ecológica ha iniciado el procedimiento administrativo para el derribo del inmueble, situado en las inmediaciones de la playa de Las Teresitas, mediante una licitación presupuestada en 42.439 euros.
Este movimiento del Ejecutivo central se produce tras la disolución formal de la entidad pesquera, decretada el pasado 8 de julio de 2025 por el Boletín Oficial de Canarias. La resolución administrativa se fundamentó en la inviabilidad económica de la organización, lastrada por deudas acumuladas y una plantilla reducida a menos de ocho miembros, lo que, a ojos de la administración, justificaba el cese de su actividad.
La decisión ha provocado un profundo malestar en el tejido asociativo local. La asociación vecinal El Pescador, que durante meses ha liderado una campaña para evitar la desaparición del edificio, ha denunciado una falta de interlocución con las autoridades estatales. Según ha manifestado su portavoz, Marcos Cova, el colectivo había presentado propuestas alternativas para rehabilitar el espacio y transformarlo en un centro de interpretación de la tradición pesquera de la zona, una iniciativa que, según los afectados, no ha obtenido respuesta por parte del Gobierno, a pesar de haber recabado más de un millar de firmas ciudadanas.
El proyecto de demolición se encuentra ahora en fase de exposición pública, un trámite que abre un periodo de veinte días hábiles tras su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP). Durante este plazo, los interesados podrán presentar alegaciones ante el Servicio Provincial de Costas o el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, además de consultar la documentación técnica a través del portal web del Ministerio.
Este caso pone de relieve la tensión recurrente entre la gestión del dominio público marítimo-terrestre y la preservación del patrimonio etnográfico local. Mientras el Estado prioriza la recuperación del suelo y la eliminación de estructuras en desuso bajo criterios de eficiencia administrativa, los vecinos ven en estas actuaciones la pérdida de un activo cultural que, a su juicio, podría haber servido para mantener viva la memoria histórica de este enclave costero. La incertidumbre sobre el destino final del solar, una vez ejecutado el derribo, mantiene a la comunidad local expectante ante la posibilidad de que el espacio sea destinado a usos que realmente beneficien al interés general del pueblo.