Vecinos de Icor denuncian cuatro décadas de abandono y exigen mejoras urgentes en Arico
Los vecinos del caserío de Icor, en Arico, denuncian décadas de abandono municipal y exigen al Ayuntamiento mejoras urgentes en infraestructuras, conectividad y servicios básicos tras el incumplimiento de las reformas prometidas.
El caserío de Icor, en el municipio tinerfeño de Arico, se ha convertido en el epicentro de una pugna por la gestión de los servicios básicos y la conservación del patrimonio rural. Tal y como recoge la información difundida recientemente sobre la situación de este enclave, la asociación de vecinos local ha alzado la voz para denunciar lo que califican como cuatro décadas de desatención por parte de la administración municipal, una problemática que trasciende el mero mantenimiento de infraestructuras para situarse en el debate sobre la equidad en la inversión pública en zonas rurales.
El malestar vecinal, liderado por figuras como el tesorero de la asociación, Juan Ignacio Mérida García, se centra fundamentalmente en el estado de la red viaria. La conectividad entre la TF-28 y la TF-1 se encuentra, según los residentes, en una situación crítica, con tramos que carecen de elementos básicos de seguridad vial, como señalización horizontal, quitamiedos o delimitaciones adecuadas. Esta precariedad, agravada por la orografía de las medianías, ha generado una brecha de comunicación entre el colectivo y el Consistorio, especialmente tras el incumplimiento de las expectativas generadas a principios de 2025, cuando se anunció una licitación de 350.000 euros para una reforma integral que, según los denunciantes, nunca llegó a materializarse.
La gestión de Arico, actualmente bajo un pacto de gobierno entre el PSOE y el PP, se encuentra en el punto de mira. Mientras que el actual alcalde, el popular Andrés Martínez, sostiene que se han destinado más de diez millones de euros a mejoras municipales durante el presente mandato y asegura que las obras de contención y reasfaltado en Icor son inminentes —vinculando parte del deterioro a los efectos de la reciente borrasca Therese—, los vecinos denuncian una falta de transparencia y una actitud restrictiva en los canales de comunicación oficiales. El bloqueo en redes sociales de representantes vecinales añade una capa de tensión política a una reivindicación que también abarca carencias en el alumbrado público y la deficiente cobertura de telecomunicaciones, un servicio esencial para garantizar la seguridad en caso de emergencias médicas.
El conflicto pone de manifiesto la histórica dificultad de los núcleos rurales para acceder a servicios básicos en igualdad de condiciones que los centros urbanos. Aunque el Ayuntamiento ha logrado hitos puntuales, como la rehabilitación de la antigua escuela unitaria de La Morra Negra —espacio que ahora sirve como sede asociativa y cultural—, el colectivo vecinal insiste en que estas actuaciones son insuficientes ante el deterioro estructural acumulado. Con la mirada puesta en el próximo 1 de mayo, fecha en la que el colectivo conmemorará su reactivación, la asociación mantiene su presión digital, buscando que las promesas de intervención viaria se traduzcan en una realidad tangible que garantice la seguridad y la habitabilidad de este histórico caserío.