Malestar vecinal en Tacoronte por el proyecto del Cabildo para frenar las inundaciones en El Pris
El Cabildo de Tenerife proyecta una inversión de 1,4 millones de euros en la carretera TF-165 para mitigar inundaciones en El Pris, una medida que ha generado el rechazo vecinal ante dudas sobre su eficacia técnica y el impacto logístico de las obras.
La gestión de las infraestructuras hidráulicas en zonas de riesgo vuelve a situarse en el centro del debate político en Tenerife. Tal y como ha trascendido recientemente, el Cabildo insular ha proyectado una intervención de 1,4 millones de euros en la carretera TF-165, a su paso por el núcleo costero de El Pris, en Tacoronte, con el objetivo de mitigar las escorrentías que afectan a este enclave durante los episodios de precipitaciones intensas. Sin embargo, la ejecución de estos trabajos ha generado un profundo malestar entre los residentes, quienes cuestionan la eficacia técnica de la solución propuesta y el impacto que las obras tendrán en la operatividad diaria del barrio.
El proyecto, defendido por el consejero insular de Carreteras, Dámaso Arteaga, como una medida imprescindible para proteger la vía y las viviendas ante fenómenos meteorológicos adversos —como los registrados el pasado mes de marzo—, contempla la instalación de nuevos colectores, pozos de registro y sistemas de drenaje transversal. Desde la administración insular se sostiene que esta actuación es una respuesta necesaria a corto plazo para incrementar la capacidad de evacuación de aguas pluviales. No obstante, esta visión choca frontalmente con la postura de la Asociación de Vecinos El Pris El Sargo, que ha trasladado su escepticismo tras una reciente reunión informativa con responsables del Cabildo y del Ayuntamiento de Tacoronte, encabezados por la alcaldesa Sandra Izquierdo.
El conflicto radica en la discrepancia sobre el origen del problema. Mientras las autoridades presentan la obra como una solución definitiva, los vecinos argumentan que el diseño actual solo intercepta una fracción del caudal, dejando sin resolver la escorrentía que desciende desde las cotas altas. Los residentes, que han presentado alternativas técnicas de menor coste y mayor eficiencia, denuncian una falta de voluntad política para abordar la raíz del problema, lamentando que la alcaldía se haya limitado a delegar la responsabilidad en la institución insular sin ejercer una labor de interlocución activa en defensa de los intereses locales.
Más allá de la eficacia hidráulica, la preocupación vecinal se extiende a la logística del barrio durante el periodo de obras. La falta de un cronograma preciso y la ausencia de garantías para el mantenimiento de servicios esenciales —como el acceso de ambulancias, el transporte escolar y el suministro a los establecimientos de restauración— han generado un clima de incertidumbre. Los vecinos temen que la intervención, lejos de mejorar la seguridad, derive en un aislamiento prolongado y en una inversión pública que, a su juicio, podría resultar insuficiente para evitar futuras inundaciones.
Este escenario pone de relieve la tensión recurrente entre la planificación técnica de las administraciones y la demanda de soluciones integrales por parte de la ciudadanía en áreas de especial vulnerabilidad geográfica. Mientras el Cabildo insiste en la complejidad técnica de la obra y en su carácter de emergencia, los afectados continúan exigiendo transparencia en el expediente administrativo y una revisión del proyecto que garantice, de manera efectiva, la resiliencia del barrio frente a los riesgos climáticos.