Conflicto en Los Silos por los continuos desbordamientos de aguas residuales en el complejo Garen
Los vecinos del complejo Garen en Los Silos mantienen un conflicto administrativo con el Ayuntamiento por la falta de solución a las recurrentes inundaciones de aguas residuales y la imposición de multas coercitivas por discrepancias sobre la responsabilidad del mantenimiento del sistema de saneamiento.
La gestión de las infraestructuras de saneamiento en el municipio tinerfeño de Los Silos ha derivado en un conflicto administrativo y sanitario de gran calado. Tal y como ha trascendido recientemente, los residentes del complejo residencial Garen, en la urbanización Sibora, mantienen un pulso con el Consistorio tras meses de inundaciones por aguas residuales que han afectado tanto a las zonas comunes como a los garajes del inmueble, agravándose estas incidencias con los recientes episodios meteorológicos.
El origen de la disputa radica en la discrepancia sobre la responsabilidad técnica del sistema de bombeo. Mientras que la comunidad de propietarios, representada por su presidente, Jesús Manuel Hernández, sostiene que el colapso es consecuencia directa de la falta de mantenimiento municipal y la inoperatividad de las bombas —a pesar de las alertas trasladadas al concejal del área, Adán López—, el equipo de gobierno local (PSOE-USP) atribuye el problema a una deficiencia estructural del propio edificio. Según el Ejecutivo municipal, el inmueble carece de una red separativa de pluviales, lo que provoca la saturación del sistema durante las lluvias, una situación que se habría visto agravada tras la clausura del desahogo de emergencia por parte del Seprona para evitar vertidos al litoral.
La tensión ha escalado hasta el ámbito sancionador. El Ayuntamiento ha instado a los vecinos a ejecutar una obra de conexión a la red general, presupuestada por la administración en una cifra que oscila entre los 8.000 y los 20.000 euros, dependiendo de la fuente. Sin embargo, los residentes rechazan esta imposición basándose en informes técnicos propios que califican la intervención de inviable y proponen, en su lugar, la modernización del cuadro eléctrico y el refuerzo de la potencia del depósito municipal. Ante la negativa de la comunidad a sufragar una obra que consideran ineficaz, el Consistorio ha comenzado a aplicar multas coercitivas.
Este escenario pone de relieve la fragilidad de las infraestructuras de servicios básicos en zonas residenciales que, como el edificio Garen, fueron conectadas a sistemas municipales bajo exigencias administrativas hace dos décadas. La recurrencia de los camiones cuba para vaciar el depósito —una medida paliativa que los vecinos consideran un gasto público ineficiente— subraya la falta de una solución definitiva que satisfaga las garantías sanitarias exigidas por los residentes y las competencias de gestión de servicios públicos que ostenta el Ayuntamiento. La falta de respuesta municipal a las alegaciones presentadas por la comunidad hace nueve meses mantiene el conflicto en un punto muerto, mientras los vecinos continúan expuestos a los riesgos derivados de los desbordamientos de aguas fecales.