Vecinos de la TF-180 en Tenerife exigen soluciones urgentes ante la falta de seguridad vial
Los vecinos de la zona entre La Vuelta de Los Pájaros y Vistabella exigen una intervención urgente en la carretera TF-180 ante la parálisis administrativa y los riesgos de seguridad vial que afectan a los peatones.
La seguridad vial en el área metropolitana de Tenerife vuelve a situarse en el centro del debate político tras las recientes denuncias de los residentes de la zona comprendida entre La Vuelta de Los Pájaros y Vistabella. Tal y como recoge Diario de Avisos, la falta de una intervención estructural en la carretera TF-180 ha derivado en una situación de riesgo constante para los peatones, quienes conviven diariamente con un tráfico intenso en condiciones de urbanización precarias.
El conflicto administrativo radica en la delimitación de competencias entre el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de Santa Cruz. Mientras que la vía principal, que conecta la capital con La Laguna, depende de la institución insular, el mantenimiento de las calles transversales y el entorno urbano recae sobre el Consistorio. Esta dualidad competencial ha generado un escenario de parálisis que los vecinos califican de abandono, señalando la inexistencia de infraestructuras básicas como aceras adecuadas, iluminación pública o pasos de peatones. La peligrosidad se ve agravada por la orografía del terreno, caracterizada por muros de contención de gran altura, y por la presencia de centros educativos en las proximidades, lo que incrementa la vulnerabilidad de los menores y de las personas con movilidad reducida.
Desde el punto de vista técnico, el proyecto de transformación de esta carretera en un corredor peatonal, anunciado originalmente en 2021, ha experimentado una tramitación dilatada. La Gerencia de Urbanismo ha finalizado recientemente el proceso de expropiación de 26 parcelas afectadas por el trazado, un paso administrativo indispensable para que el Cabildo pueda proceder a la licitación de las obras. Aunque las previsiones actuales sitúan el inicio de este proceso administrativo para finales del presente ejercicio, la incertidumbre sobre los plazos reales de ejecución mantiene la tensión entre los residentes.
Por su parte, el Ayuntamiento de Santa Cruz ha señalado que, de forma paralela a la espera de la intervención mayor, se están ejecutando labores de limpieza y desbroce en los márgenes de la vía. No obstante, esta medida es considerada insuficiente por los afectados, quienes insisten en que la carencia de una red de transporte público accesible y segura obliga a los usuarios a realizar desplazamientos a pie por zonas no habilitadas, contraviniendo las normas básicas de seguridad vial y exponiéndose a riesgos de atropello. La resolución de este conflicto no solo depende de la voluntad política, sino de la capacidad de ambas administraciones para coordinar una obra que, tras una década de espera, se ha convertido en una demanda social crítica para la movilidad en el municipio.