Vecinos de Chimiche denuncian riesgos para la salud por la actividad de una cantera cercana
Los vecinos de Chimiche, en Granadilla de Abona, denuncian graves riesgos para la salud por la dispersión de partículas de vidrio volcánico procedentes de una explotación de áridos situada junto a sus viviendas y un centro educativo.
La convivencia en el núcleo poblacional de Chimiche, en el municipio tinerfeño de Granadilla de Abona, se ha visto gravemente comprometida por la actividad de una explotación de áridos situada en sus inmediaciones. Tal y como ha documentado el programa ¡Hay que verlo! de Televisión Canaria, los residentes han denunciado una situación de insalubridad persistente derivada de la dispersión de partículas sólidas procedentes de las labores extractivas, las cuales se desarrollan a una distancia aproximada de 50 metros de las viviendas.
El impacto de esta actividad industrial trasciende la mera molestia estética o la dificultad en las tareas de mantenimiento doméstico. La preocupación principal de los vecinos radica en la composición del material en suspensión, identificado por especialistas como vidrio volcánico. La inhalación de estas partículas, caracterizadas por su morfología microscópica y aristas cortantes, supone un riesgo sanitario de primer orden, con especial incidencia en los colectivos más vulnerables, como menores de edad y personas nonagenarias, quienes se ven obligados a limitar sus desplazamientos al exterior ante la deficiente calidad del aire.
La problemática, que se prolonga durante el último año, ha alcanzado también al centro educativo de la zona, donde la acumulación de sedimentos obliga a realizar labores de limpieza constantes para intentar mitigar la presencia de polvo en las instalaciones. Este escenario plantea un interrogante sobre la idoneidad de los permisos concedidos para una actividad de esta naturaleza en un entorno residencial consolidado.
Desde una perspectiva técnica y administrativa, la situación pone de relieve la tensión recurrente entre el desarrollo de actividades extractivas y la protección del derecho a la salud y al medio ambiente urbano. La normativa vigente exige que este tipo de explotaciones cumplan con protocolos estrictos de control de emisiones y distancias de seguridad, elementos que, a juicio de los afectados, no están garantizando la integridad física de la población. Ante la falta de soluciones efectivas hasta la fecha, la comunidad vecinal ha instado a las autoridades competentes a intervenir, ya sea mediante la suspensión cautelar de las operaciones o la imposición de medidas correctoras rigurosas que impidan la propagación de estas partículas hacia el interior de los hogares y centros públicos.