La borrasca Therese destapa la imprudencia de turistas y deportistas ante las alertas en Tenerife

La borrasca Therese ha puesto de manifiesto una preocupante brecha entre los protocolos de seguridad pública y el comportamiento de ciertos colectivos en Tenerife. Tal y como recoge la información publicada recientemente, la activación de alertas meteorológicas y la señalización restrictiva en el litoral y zonas rurales han sido desatendidas por deportistas y visitantes, generando situaciones de riesgo innecesarias que obligan a movilizar recursos de emergencia.

El fenómeno meteorológico ha provocado incidentes específicos en la costa noroeste de la isla. En Los Silos, un grupo de practicantes de windsurf, identificados como profesionales, desafió la bandera roja y las prohibiciones de acceso al mar. La situación requirió la intervención de una moto de agua para asistir a tres personas que, tras fracasar en sus intentos de maniobra, quedaron a la deriva antes de ser trasladadas a la zona de El Puertito. Este episodio ocurrió a escasa distancia de una vía costera que la Policía Local había clausurado preventivamente horas antes debido a la peligrosidad del oleaje. Paralelamente, en el Puertito de Güímar, se registró la presencia de cuatro individuos practicando paddle surf, quienes ignoraron las condiciones adversas de la bahía.

La problemática se extiende al ámbito terrestre, donde el Parque Rural de Anaga ha sido escenario de una afluencia turística que contraviene las advertencias oficiales. A pesar de la existencia de señalética que prohíbe el tránsito por los senderos ante el riesgo de la borrasca, numerosos visitantes han optado por adentrarse en el macizo. Esta conducta ha generado un profundo malestar entre los residentes locales, quienes denuncian una falta de cumplimiento normativo y advierten sobre la vulnerabilidad que supone para los servicios de rescate tener que gestionar emergencias en zonas de difícil acceso mientras las condiciones climáticas son extremas.

Este tipo de comportamientos plantea un debate sobre la eficacia de las medidas coercitivas y la responsabilidad individual en situaciones de alerta. La normativa vigente en materia de protección civil faculta a las administraciones para restringir el acceso a espacios públicos cuando existe un riesgo inminente para la integridad física. Sin embargo, la persistencia de estas conductas pone en jaque la capacidad de respuesta de los equipos de emergencia, que ven multiplicada su carga de trabajo al tener que velar por la seguridad de quienes, de manera consciente, deciden ignorar las directrices de las autoridades competentes.