El Cabildo de Tenerife alerta sobre la falta de reconocimiento de discapacidad en víctimas de violencia de género
Un informe del Cabildo de Tenerife revela que la falta de coordinación administrativa impide que muchas víctimas de violencia de género con secuelas psicológicas accedan al reconocimiento de discapacidad y a los recursos necesarios para su recuperación.
El Cabildo de Tenerife ha puesto sobre la mesa una realidad hasta ahora invisibilizada en los registros oficiales: la discapacidad sobrevenida como secuela directa de la violencia de género. Según el informe elaborado por Coordicanarias, la falta de una conexión efectiva entre los sistemas de atención a víctimas y los organismos de valoración de la discapacidad está condenando a muchas mujeres a una situación de desprotección prolongada, donde el daño psicológico se convierte en el principal obstáculo para recuperar la autonomía personal.
El análisis, que toma como muestra a 23 mujeres de diez municipios tinerfeños, revela que más de la mitad de quienes han logrado obtener el reconocimiento oficial de discapacidad (el 54%) lo han hecho por motivos de salud mental. Los cuadros clínicos descritos —que incluyen desde estrés postraumático y agorafobia hasta depresión crónica e ideación suicida— son el resultado de procesos de maltrato que, en el caso de las participantes, se prolongaron durante una media de once años. La convivencia con el agresor fue la norma para el 87% de las afectadas, quienes sufrieron de forma recurrente una combinación de violencia psicológica (98,7%), física (82,6%), sexual (74%) y económica (74%), además de episodios de violencia vicaria en el 40% de los casos.
Uno de los puntos más críticos del estudio es la brecha administrativa: el 40% de las mujeres que participaron en la investigación carece de un certificado oficial de discapacidad. Esta carencia no es baladí, ya que los tiempos de espera para obtener dicha acreditación pueden superar los dos años, impidiendo el acceso a prestaciones y recursos especializados. Esta demora agrava una precariedad económica ya de por sí alarmante, con una media de ingresos mensuales de 737 euros y una tasa de desempleo del 80% entre las encuestadas, cuya edad media se sitúa en los 50 años.
La investigación subraya que la violencia de género no concluye con el cese de la convivencia, sino que deja una huella persistente que fractura la estabilidad laboral, habitacional y emocional de las supervivientes. Ante este escenario, el informe propone una reforma estructural en la gestión de estos casos. Entre las medidas sugeridas destaca la creación de protocolos de actuación conjunta que unifiquen los circuitos de atención a la violencia machista con los procesos de valoración de discapacidad, además de una apuesta decidida por el acompañamiento en vivienda y empleo. Asimismo, se pone el foco en la importancia de fomentar redes de apoyo comunitario desde el tercer sector, permitiendo que las mujeres dispongan de espacios seguros donde compartir experiencias y reconstruir sus proyectos de vida tras años de vulnerabilidad extrema.