Condenado un profesional inmobiliario en Tenerife por apropiación indebida de 68.000 euros
Un profesional inmobiliario ha sido condenado a dos años de prisión tras confesar la apropiación indebida de 68.000 euros mediante la suplantación de identidad en una compraventa en Puerto de la Cruz.
La seguridad jurídica en las transacciones inmobiliarias en Canarias ha quedado en entredicho tras un reciente caso de apropiación indebida que ha culminado en una sentencia firme en los tribunales de Tenerife. Tal y como recoge la información judicial a la que ha tenido acceso este medio, un profesional del sector ha sido condenado tras reconocer haber desviado el capital obtenido por la venta de un inmueble en Puerto de la Cruz, cuya titularidad no le correspondía.
El mecanismo del fraude consistió en la suplantación de la representación del vendedor durante la firma de la escritura pública, celebrada en una notaría de La Orotava el pasado mes de junio. Mediante esta maniobra, el encausado logró hacerse con la totalidad del importe de la operación, cifrado en 68.000 euros, sin que el legítimo propietario recibiera contraprestación alguna.
El desenlace del proceso penal ha sido fruto de un acuerdo de conformidad entre las partes. La Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife, que inicialmente solicitaba una pena privativa de libertad de tres años, ha aceptado una rebaja a dos años de cárcel tras la confesión del acusado. El fallo judicial incluye, además, una sanción económica de 1.000 euros y la obligación imperativa de restituir íntegramente los fondos sustraídos al perjudicado.
Desde una perspectiva legal, este tipo de delitos de apropiación indebida —tipificados en el Código Penal para castigar a quienes, habiendo recibido dinero con obligación de entregarlo, lo incorporan a su patrimonio— suelen acarrear penas que, en ausencia de antecedentes, permiten la suspensión de la ejecución. En este caso, el tribunal ha optado por esta medida, condicionando la libertad del condenado a que no reincida durante el próximo bienio y cumpla estrictamente con el plan de pagos establecido para devolver el dinero. La defensa ha confirmado que no interpondrá recurso alguno contra la resolución, cerrando así un episodio que pone de relieve la importancia de verificar exhaustivamente los poderes de representación en cualquier compraventa de bienes raíces.